El abogado de la Asociación de Abogados Ambientalistas cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y reclamó acciones concretas para frenar el proyecto petrolero León Marino, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en aguas próximas a las Islas Malvinas. Además, explicó los alcances de la presentación judicial realizada junto a excombatientes y advirtió sobre la disputa internacional por los recursos naturales del sur global

La disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo a partir del avance del proyecto petrolero León Marino, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la plataforma continental argentina. Frente a ese escenario, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, junto a excombatientes de Malvinas y otras organizaciones, presentó una acción judicial para intentar frenar el desarrollo del emprendimiento.

En diálogo con El Día Está Después de RADIO UNR, Lucas Micheloud, abogado integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas y uno de los patrocinantes de la presentación, cuestionó que las declaraciones públicas del Gobierno nacional sobre la soberanía no estén acompañadas, según su mirada, por medidas concretas.

“Esperábamos un poco una declaración en ese sentido, creemos que el contexto geopolítico y la situación concretamente que se está viviendo con Sea Lion, con León Marino en este momento, ameritaba una declaración”, señaló. Pero inmediatamente planteó la principal preocupación de las organizaciones: “Queremos ver que esto se traduzca en acciones reales y concretas”.

Para Micheloud, existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la soberanía y algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno. En particular, cuestionó los procesos de flexibilización ambiental y la modificación de las normas vinculadas con la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

“Sabemos que el gobierno nacional viene desde que asumió poniendo en riesgo la soberanía nacional, con todos los procesos de flexibilización ambiental o socioambiental”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que la cuestión de Malvinas no puede analizarse solamente desde la perspectiva territorial, sino también a partir de los recursos naturales existentes en el Atlántico Sur. “La disputa a nivel mundial es por el agua, es por la tierra, es por la energía y es por los bienes comunes”, explicó.

Micheloud puso el foco particularmente en el proyecto León Marino y en las empresas que participan de su desarrollo. Según detalló, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum proyectan una explotación hidrocarburífera de gran escala, con una capacidad estimada de extracción de 120.000 barriles diarios y 140 millones de metros cúbicos de gas.

“Es muchísimo”, señaló el abogado, quien explicó que ambas compañías finalizaron el año pasado el proceso de obtención de financiamiento y durante 2026 avanzan con la adaptación de la infraestructura. De acuerdo con el cronograma que expuso, la perforación está prevista para el próximo año y el procesamiento de la extracción comenzaría en 2028.

Frente a ese avance, la acción judicial presentada junto a los excombatientes de Malvinas busca que la Justicia Federal disponga una medida cautelar que permita paralizar el desarrollo del proyecto. “Nosotros interpusimos esta acción que vos señalabas recién, junto a los excombatientes de Malvinas, para buscar que la Justicia Federal disponga una cautelar (…) para paralizar el avance de este proyecto”, explicó.

Pero para Micheloud la respuesta no debería limitarse al ámbito judicial. También reclamó una intervención activa del Estado argentino y, particularmente, de la Cancillería. “Lo que nosotros le vamos a pedir al gobierno, a la Cancillería Argentina, que haga lo que no hizo en todo este tiempo, que es mover las notificaciones”, sostuvo.

Según explicó, existen oficios pendientes que deberían ser diligenciados y que, de acuerdo con su planteo, permanecen paralizados desde hace años. En paralelo, espera que la jueza federal de Río Grande intervenga en la causa, dicte la medida cautelar solicitada y avance con las notificaciones a las empresas involucradas.

Para el abogado ambientalista, la estrategia judicial debe alcanzar además a quienes financian el emprendimiento. “Hay que perseguir a toda la cadena de financiamiento”, afirmó. En ese sentido, mencionó a bancos, aseguradoras, reaseguradoras y fondos de inversión vinculados con las compañías.

“Estas dos empresas tienen bancos, aseguradoras, reaseguradoras, grandes fondos de inversión. Las empresas cotizan en bolsas bursátiles y para eso se requiere, no solamente de la más alta diplomacia, sino de acciones jurídicas concretas”, explicó.

La preocupación de Micheloud se extiende a un proceso geopolítico más amplio. Según su interpretación, Argentina se encuentra en el centro de una disputa internacional por sus recursos naturales y por su posición estratégica en el sur global.

“Hay una mirada desde la geopolítica de avanzar sobre los territorios del sur global y Argentina está puesto entre los objetivos, tanto de Estados Unidos como de China”, afirmó.

En ese escenario ubicó los recursos hidrocarburíferos, la pesca, el agua, los minerales críticos y las tierras como elementos centrales de una disputa que, según sostuvo, excede ampliamente el conflicto puntual por las Islas Malvinas.

“Hay una pérdida de soberanía sobre el control de nuestros bienes comunes”, aseguró. Y advirtió que el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura vinculados con la explotación de recursos puede contribuir, desde su perspectiva, a consolidar un enclave económico sobre un territorio cuya soberanía Argentina continúa reclamando.

Micheloud también cuestionó el rumbo de las políticas de inversiones y las modificaciones regulatorias impulsadas en los últimos años. Mencionó particularmente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y otras iniciativas destinadas a facilitar la llegada de capitales extranjeros.

“Todo eso está orientado a facilitar las inversiones extranjeras, el asiento de grandes corporaciones en nuestro territorio”, sostuvo.

Para el abogado, el debate sobre Malvinas está directamente relacionado con el modelo de desarrollo que Argentina adopte frente a la explotación de sus recursos. “Lo que el norte entiende como transición energética no es ni nuestra transición energética ni nuestro modelo de desarrollo inclusivo”, planteó.

En ese sentido, consideró que la reciente declaración presidencial sobre Malvinas no modifica sustancialmente el escenario. “Creo que es una declaración de contexto, pero que no se traduce en política pública real y concreta”, afirmó.

Finalmente, Micheloud destacó el impacto político que tuvo el denominado “efecto bandera” generado alrededor de Malvinas durante el último Mundial de fútbol. A su entender, aquella movilización permitió instalar nuevamente la cuestión de la soberanía en la agenda pública y también en el debate internacional.

“El efecto bandera fue el hecho político más significativo de los últimos años”, sostuvo. Según explicó, esa movilización social contribuyó a generar condiciones para que distintas iniciativas vinculadas con la extranjerización de tierras y la protección de recursos naturales encontraran resistencia social y política.