El abogado constitucionalista y representante del Consejo Interuniversitario Nacional cuestionó duramente al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de la medida cautelar ratificada por la Corte Suprema. Aseguró que la causa ya ingresó “en el terreno penal” y anticipó una posible denuncia por desobediencia contra funcionarios nacionales

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial y, según explicó Pablo Manili, abogado constitucionalista y representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el incumplimiento de las decisiones judiciales por parte del Gobierno nacional podría derivar en una denuncia penal contra funcionarios del Ejecutivo.

En diálogo con “El Día Está Después” de RADIO UNR, Pablo Manili calificó de “escandalosa” la situación y cuestionó desde el inicio la decisión del presidente de utilizar un decreto para reemplazar la aplicación de una ley sancionada por el Congreso.

“Nunca en la historia de la República Argentina un presidente dio un decreto para suplir una ley. Esto es una aberración jurídica”, sostuvo. Para el abogado, los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar esa decisión son “baladíes, infantiles y absolutamente improcedentes”.

Según explicó, el conflicto judicial se inició en octubre del año pasado, cuando las universidades presentaron una acción para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. En diciembre consiguieron una medida cautelar favorable, que luego fue confirmada por la Cámara Federal en marzo y por la Corte Suprema en junio.

“¿Qué pasó? El gobierno no la cumplió, la apeló, la Cámara me la confirmó en el mes de marzo, el gobierno no la cumplió, la llevó a la Corte, la Corte la confirmó en el mes de junio, el gobierno no la cumplió”, relató Manili.

El abogado se refirió también a la estrategia utilizada por el Ejecutivo para intentar que la cautelar fuera levantada. Explicó que, en medio del conflicto salarial, los trabajadores universitarios aceptaron una actualización del 21 por ciento y que el Gobierno utilizó ese acuerdo para sostener ante la Justicia que la medida cautelar había perdido sentido.

Manili rechazó ese argumento con una comparación: “Suponete que vos debés 100 pesos y pagás 10, ¿tenés derecho a que te levanten un embargo si de los 100 pagaste 10? No”.

Finalmente, el juez rechazó el pedido y mantuvo vigente la cautelar. Además, ordenó al Estado Nacional presentar en tres días un informe documental sobre los avances y el grado de cumplimiento de la normativa.

“Le dijo que no, que eso era un disparate, que si vos pagaste una partecita no podés pedir que te levanten el embargo por el todo”, explicó Manili. Y agregó: “La cautelar sigue vigente y usted la tiene que cumplir”.

El conflicto salarial y una deuda que ronda el 50%

En ese contexto, el representante del CIN cuestionó la última propuesta salarial realizada por el Gobierno a los trabajadores universitarios. Según relató, en la última reunión paritaria se ofreció una actualización del 3%.

“Hace falta hacer la cuenta, creo que ni hace falta”, ironizó. Manili sostuvo que desde diciembre de 2023 se acumula una pérdida significativa frente a la inflación y estimó que el desfasaje salarial actual ronda el 50 por ciento.

“Los trabajadores de las universidades deberían estar cobrando aproximadamente, número más, número menos, un 50% más”, afirmó.

El abogado contrastó esa situación con otras decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, cuestionando que se hayan prorrogado beneficios impositivos para colegios privados y reducido determinados impuestos mientras, según su planteo, no se garantiza el financiamiento necesario para las universidades públicas.

En otro sentido, el abogado volvió a sostener que el Gobierno viene demorando el cumplimiento de las decisiones judiciales. “¿Cómo hacen? Presentan papeles, apelan, recusan a los jueces”, describió. Aseguró que el Ejecutivo intentó apartar a jueces de primera instancia, de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, además de presentar pedidos e informes que, a su entender, terminan funcionando como mecanismos para extender los plazos. Y subrayó: “Trampitas, lo que nosotros los abogados llamamos chicanas procesales”, afirmó.

Para Manili, detrás de esa estrategia existe una decisión deliberada de postergar el cumplimiento de la ley: “Ganan tiempo, ganan tiempo, patean la pelota para adelante. Bueno, todo esto que lo pague el próximo gobierno”.

El abogado también rechazó la idea de que el resultado fiscal del Gobierno implique necesariamente un verdadero ahorro. “Lo que hay en Argentina, para que la gente sepa, no es equilibrio fiscal, es postergación de gastos”, sostuvo. Y utilizó una comparación doméstica: “Si vos en tu casa no pagás la luz, no pagás el gas, sí, a lo mejor llegás a fin de mes, pero ¿qué hiciste? Postergaste gastos”.

Según Manili, el incumplimiento ya podría tener consecuencias penales. “Esto ya ingresó en el terreno penal”, afirmó, al referirse al delito de desobediencia a una orden judicial. El constitucionalista anticipó que, si el incumplimiento continúa, podría presentarse una denuncia penal que abarque a distintos funcionarios de la cadena de mando del Gobierno nacional.

“La denuncia penal abarcaría toda la cadena de mandos”, señaló, y mencionó al presidente de la Nación, al jefe de Gabinete, funcionarios del área educativa y al secretario de Políticas Universitarias. Manili explicó que el artículo 239 del Código Penal contempla el delito de desobediencia y sostuvo que, a su entender, la conducta se configura a partir del momento en que la Corte Suprema confirmó la medida cautelar y el Estado no la cumplió.

El abogado también buscó correr el eje del conflicto de una discusión exclusivamente salarial o sindical. “Esto no es un tema gremial o sindical de las universidades”, afirmó.

En ese sentido, destacó el rol social que cumplen las universidades nacionales a través de sus hospitales, consultorios y servicios gratuitos. “Las universidades damos clase a dos millones de alumnos, pero los hospitales universitarios (…) le proveen salud a tres millones de personas”, explicó. También mencionó los consultorios odontológicos, veterinarios y jurídicos gratuitos que funcionan dentro del sistema universitario. “Es decir, no es un tema del docente o del no docente. Es un tema de todo el país”, remarcó.

Finalmente, al ser consultado sobre las razones por las que el Gobierno no cumple con la ley de financiamiento y las decisiones judiciales, Manili atribuyó la situación a una cuestión ideológica. “Yo no tengo duda que esto es una cuestión ideológica. El presidente odia la educación pública”, sostuvo.

Para el abogado, el conflicto universitario debe ser entendido dentro de un proceso más amplio de desarticulación del Estado y cuestionó también las políticas aplicadas sobre organismos vinculados con la ciencia, la tecnología y la investigación. “Hay toda una tendencia de este gobierno a destruir lo público”, concluyó.