Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, analizó la falta de una Ley de Envases en Argentina y explicó cómo los costos de la gestión de residuos terminan recayendo sobre los municipios y toda la sociedad. También abordó la responsabilidad de los productores, los plásticos de un solo uso y los desafíos que plantea la transición hacia un modelo de producción más sustentable

¿Quién paga por los residuos que genera lo que consumimos? La pregunta atraviesa uno de los principales debates ambientales que Argentina todavía tiene pendiente: la sanción de una Ley de Envases que establezca la responsabilidad extendida del productor.

En una entrevista con Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, se puso el foco en una discusión que lleva alrededor de 25 años sin una resolución definitiva. Actualmente, buena parte de los costos asociados a la recolección, tratamiento y disposición de los residuos termina siendo asumida por los municipios y, en consecuencia, por toda la sociedad.

El problema, explicó Testa, no comienza cuando el envase se convierte en residuo, sino mucho antes: en el momento en que se decide cómo se produce, qué materiales se utilizan y de qué manera se comercializa un producto.

Botellas descartables, envoltorios innecesarios, bandejas y distintos tipos de plásticos de un solo uso forman parte de una lógica de consumo que genera consecuencias que exceden ampliamente el momento en que el producto llega al consumidor.

La responsabilidad extendida del productor propone modificar esa lógica. El principio es que quienes fabrican y ponen los productos en el mercado también deben asumir parte de la responsabilidad por los residuos que generan.

Según explicó Testa, este tipo de regulación ya tiene antecedentes cercanos, como Uruguay y Chile, y busca generar incentivos para modificar las decisiones de producción: favorecer los envases retornables, incorporar materiales reciclados y reducir progresivamente la utilización de plástico.

La discusión también plantea una pregunta sobre los incentivos económicos. Si el costo de gestionar un envase descartable es asumido fundamentalmente por el Estado y no por quien lo produce, existe menos presión para diseñar productos que generen menos residuos. Una regulación que incorpore esa responsabilidad puede, en cambio, trasladar parte de ese costo hacia las decisiones que se toman durante el proceso productivo.

El debate no se limita a los envases. Durante la entrevista también aparecieron otros problemas vinculados con el modelo actual de consumo, como la obsolescencia programada y los residuos electrónicos, además de la importancia de la separación en origen y de mejorar los sistemas de recuperación y reciclaje.

En paralelo, el escenario internacional también empieza a generar nuevas exigencias. Los mercados avanzan hacia estándares ambientales más estrictos y las empresas enfrentan una presión creciente para demostrar cómo producen, qué materiales utilizan y qué impacto generan sus productos.

Argentina, en ese contexto, mantiene una posición todavía débil en materia de compromisos y políticas ambientales. La discusión sobre una Ley de Envases aparece así vinculada a un debate más amplio: cómo pasar de un modelo en el que la sociedad termina pagando por los residuos generados por el consumo a otro en el que quienes toman las decisiones de producción también asumen las consecuencias ambientales de esas decisiones.