Comenzará a regir en Argentina la Ley Nacional 27801, que reduce la edad de punibilidad a los 14 años. El juez Alejandro Cardinale, analiza en “El Día Está Después” las profundas complejidades estructurales de la norma” y los cambios sustanciales frente al régimen actual.

A partir del próximo 5 de septiembre, entrará en vigencia en todo el territorio nacional la Ley 27801, un marco normativo que marca un quiebre en la justicia de menores al permitir que los adolescentes de entre 14 y 16 años sospechados de cometer un delito sean pasibles de sanciones penales directas. Aunque funcionarias del gobierno provincial de Santa Fe aseguran que el distrito se encuentra totalmente preparado en materia de infraestructura y recursos, el juez penal juvenil de Rosario, Alejandro Cardinale, matizó este optimismo en diálogo con “El Día Está Después” de Radio UNR.

Cardinale remarcó que la ley nacional preveía un plazo de implementación de seis meses para que las provincias prepararan sus presupuestos, normativas e instituciones especializadas, advirtiendo que la verdadera complejidad del nuevo régimen excede por mucho la simple reducción de la edad.

“La justicia penal juvenil debe integrar necesariamente lo que es la política de desarrollo social, desarrollo humano de un Estado”.

LA NUEVA NORMATIVA introduce cambios sustanciales frente al régimen actual, donde las penas solo pueden aplicarse una vez que el imputado cumple los 18 años, tras atravesar un año de seguimiento y evaluación. Entre las novedades del nuevo texto se destaca una gama más amplia de respuestas punitivas y la creación de figuras como el “asesor tutelar” y el “supervisor”.

El magistrado criticó que este último rol requiera un perfil multidisciplinario utópico (con conocimientos de sociología, psicología, pedagogía y trabajo social en una sola persona), sugiriendo que la función debería recaer en agencias ministeriales articuladas.

 Asimismo, detalló que bajo este esquema el Ministerio Público de la Acusación (fiscalía) “asumirá un papel protagónico sobre los jueces, siendo el encargado de recibir los casos policiales de forma inmediata y definir la prioridad de la persecución penal o la privación de la libertad”.

“TERRAPLANISMO PUNITIVISTA”. Finalmente, Cardinale confrontó los argumentos políticos que defienden la reforma bajo la promesa de una mayor tranquilidad pública, catalogando estas posturas de “populismo” o “terraplanismo punitivista”.

Sostuvo que vincular la baja de imputabilidad con la mejora de la seguridad es falso, ya que la incidencia de menores de 16 años en las estadísticas delictivas generales es ínfima, reduciéndose aún más en las franjas de menor edad.

Según el juez, la reforma no traerá soluciones mágicas ni compensaciones reales para las víctimas. En su lugar, insistió en que el verdadero desafío radica en lograr una articulación real entre carteras de Seguridad, Salud y Educación para que, cuando se deba evaluar el retorno de un joven a la sociedad, las instituciones ofrezcan un camino viable de reinserción y no “un salvavidas de plomo”.