Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, advierte en “El Día Está Después” sobre la alarmante falta de regulación para los envases postconsumo en el país, el enorme costo que esto traslada a los presupuestos municipales y el preocupante rol de “jugador desleal” en el que cae Argentina ante los acuerdos climáticos globales.
La gestión de residuos en Argentina enfrenta una parálisis legislativa crítica. Hace ya 25 años que se presentan sucesivos proyectos de ley en el Congreso de la Nación para establecer la gestión integral de los envases postconsumo, pero “el fuerte lobby de sectores comerciales, principalmente de las industrias alimenticia y cosmética, ha bloqueado sistemáticamente su sanción”, cuenta Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales en “El Día Está Después” de Radio UNR.
Ante este vacío regulatorio, las empresas continúan tomando decisiones de empaquetado basadas en estrategias de marketing antes que en funcionalidad, desentendiéndose del destino final de sus plásticos y descartables.. Esta falta de normas impone un peso desproporcionado e injusto sobre los ciudadanos y las municipalidades, que deben financiar con recursos públicos la recolección de residuos derivados de decisiones privadas de comercialización.
“Argentina es un paria a nivel internacional con respecto a los espacios multilaterales relacionados a ambiente. Hace 25 años se vienen presentando proyectos de ley en el Congreso de la Nación”
EL CONCEPTO CLAVE para revertir este escenario es la responsabilidad extendida del productor, un principio gestado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que define que la empresa que comercializa un producto es la responsable legal y financiera de su ciclo completo, desde la elección de materiales hasta su disposición final.
Mientras países limítrofes como Chile y Uruguay ya cuentan con marcos regulatorios robustos en esta línea, en Argentina solo se ha avanzado en una normativa reducida para envases fitosanitarios.
Propuestas para de igual forma regular corrientes altamente peligrosas, como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), quedaron truncas debido al desinterés político. Esto ocurre en un momento de crisis ambiental global por plásticos, donde el resto del mundo debate estas herramientas en el seno de Naciones Unidas, pero el Congreso argentino sigue amparando al sector corporativo.
“Si vos vas a hacer envases descartables, te tenés que hacer cargo de la gestión de cuando ese envase se descarta”
ESTA DESCONEXIÓN REGULATORIA se refleja de igual manera en el comportamiento diplomático del país, el cual se proyecta actualmente como un “paria internacional” en foros ambientales multilaterales. Al incumplir el compromiso de presentar su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) ante el Acuerdo de París, Argentina se convirtió en el único miembro del Mercosur y del G20 (con la salvedad histórica de la administración Trump) en eludir sus deberes climáticos.
Esta conducta no solo es vista externamente como una competencia desleal, sino que tendrá severas consecuencias económicas a nivel local. Sin señales de reconversión productiva ni acompañamiento estatal, los exportadores argentinos se enfrentarán en el corto plazo a duras trabas comerciales, especialmente en exigentes mercados como el de la Unión Europea.