Crisis de violencia de género: Santa Fe registra diez víctimas más que el año pasado. Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá, denuncia el desmantelamiento de políticas públicas y reclama una declaración de emergencia legislativa para enfrentar la escalada de violencia machista en la provincia y Rosario en diálogo con “El Día Está Después”, luego de un nuevo femicidio ocurrido en la ciudad.
La provincia de Santa Fe atraviesa un contexto de violencia extrema marcado por un incremento alarmante en las cifras de femicidios, transfemicidios y travesticidios. Según datos del observatorio de Mumalá, se registran actualmente diez víctimas más que en el mismo periodo del año anterior, una situación calificada como gravísima por la organización.
Solo en la ciudad de Rosario ya se contabilizan 12 femicidios en lo que va del año, sumando casos que se extienden por todo el territorio provincial, desde Reconquista hasta Rufino, lo que evidencia una problemática que no cesa y que supera los registros de 2025 cuenta en diálogo con “El Día Está Después”, Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la entidad.
“El Estado Nacional dejó de enviar recursos, ahora se tiene que repensar el presupuesto provincial para adecuarlo a la grave situación que tenemos”
EMERGENCIA. Ante esta realidad, las organizaciones feministas impulsan un pedido de declaración de emergencia en términos legislativos para que el Poder Ejecutivo cuente con recursos de rápida ejecución.
Gabriela Sosa señala que, “debido al abandono de las políticas de género a nivel nacional, la responsabilidad de los estados provinciales y municipales debe ser mayor, adecuando sus presupuestos para dar respuesta a la catástrofe que representan estos crímenes”.
La propuesta busca que la emergencia no sea solo una declaración política, sino una herramienta efectiva para implementar medidas de protección urgentes ante los 32 homicidios registrados en un año.
EL OJO EN LA JUSTICIA. Finalmente, el análisis del sector pone el foco en el desempeño de la justicia y la necesidad de mantener activo el reclamo en las calles para evitar retrocesos. Aunque se han logrado avances en causas donde se aplica la carátula de femicidio y prisión preventiva, Sosa advierte sobre “la existencia de lobbies que buscan eludir la perspectiva de género y la falta de recursos para la aplicación plena de la Ley Micaela”.
Ante esta situación “el activismo feminista se presenta como el motor principal para exigir políticas públicas eficaces y para acompañar a las familias de las víctimas en su proceso de búsqueda de justicia”.