Tras el travesticidio de la activista social Gabriela Banach, la comunidad travesti-trans de Rosario denuncia la falta de políticas públicas, el incumplimiento del cupo laboral y la responsabilidad del Estado en la situación de vulnerabilidad extrema que derivó en este nuevo travesticidio. Michelle Vargas Lobos dialogó con “El Día Está Después”.

Crónica de una muerte anunciada: El travesticidio de Gabriela Banach, una mujer de 47 años con una larga trayectoria de militancia social en Rosario, ha generado una profunda conmoción y un reclamo de justicia urgente. Gabriela, quien luchaba por el derecho a la vivienda y el cupo laboral travesti-trans, fue víctima de un crimen caracterizado por el odio y la saña, un hecho que la comunidad califica estrictamente como travesticidio y no como un simple homicidio.

En diálogo con “El Día Está Después” de Radio UNR, Michelle Vargas Lobos, dijo que la historia de “Gabi” refleja la de muchas otras compañeras que, ante la falta de redes familiares biológicas y el desamparo institucional, quedan expuestas a una violencia extrema que continúa incluso después de la muerte.

Desde la comunidad denuncian que este crimen es una “crónica de una muerte anunciada” y responsabilizan directamente a la gestión provincial y municipal por la falta de una “escucha activa” y de presupuesto real para políticas de diversidad.

Señalan que, a pesar de existir leyes como el cupo laboral trans desde 2020, estas no se implementan, y que el desmantelamiento de áreas estatales ha dejado a las personas travesti-trans en una situación de indigencia y consumo problemático sin respuestas integrales de salud o vivienda.

La comparación con casos anteriores, como el de Pamela Tabárez hace diez años, evidencia un ciclo de abandono estatal que se repite con consecuencias fatales.

En un contexto donde los crímenes de género en Argentina han pasado de ocurrir cada 38 horas a cada 25, la urgencia de una intervención estatal interdisciplinaria se vuelve vital. La concentración convocada en la Plaza San Martín busca no solo visibilizar el rostro de Gabriela, sino también exigir que la justicia actúe con celeridad y respete su identidad de género en la carátula legal.

Para las organizaciones, no basta con la presencia policial; se requieren estrategias innovadoras que aborden la vulnerabilidad estructural para evitar que, en pocas semanas, la comunidad tenga que volver a llorar la pérdida de otra compañera.