El coordinador del área de tierra, vivienda y justicia social del Cels, Leandro Vera Belli, advierte sobre las consecuencias de la media sanción en el Senado que busca implementar juicios abreviados por falta de pago en un contexto de crisis económica y precariedad habitacional.
La reciente media sanción en el Senado del proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada ha puesto en el centro del debate la implementación del denominado “desalojo exprés”.
Según explicó Leandro Vera Belli en diálogo con “El Día Está Después”, esta medida “busca que los juicios por falta de pago de alquileres o usurpaciones se resuelvan mediante un procedimiento judicial abreviado o sumarísimo, lo que acelera los tiempos y reduce las garantías de defensa para quienes alquilan”.
Para el referente del Cels, esto representa “una profundización del camino iniciado con la derogación de la Ley de Alquileres”, resultando en un corrimiento total del Estado de sus responsabilidades para garantizar el acceso a una vivienda digna.
“El escenario para los inquilinos es crítico, marcado por un alto nivel de endeudamiento y una caída real de los ingresos frente a la inflación”.
DATOS RELEVADOS POR EL CELS indican que el porcentaje de hogares que destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler pasó del 40% a casi el 60%, y que el 80% de las familias que solicitaron préstamos lo hicieron específicamente para cubrir el costo de su vivienda.
Vera Belli destacó que, ante la falta de regulación, los contratos se han vuelto más cortos y caros, mientras que los salarios se pagan, en muchos casos, de forma fragmentada, lo que imposibilita cumplir con los pagos en tiempo y forma.
Finalmente, la entrevista subraya la preocupación por el posible aumento de la población en situación de calle ante la rapidez de los nuevos procesos de desalojo y la ausencia de políticas de contención pública. Vera Belli señaló que “la normativa ignora la función social de la propiedad y colisiona con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”. Al dejar la resolución del conflicto habitacional exclusivamente en manos del mercado, se ignora la situación de indefensión del inquilino frente a los grandes empresarios inmobiliarios, quienes, según el entrevistado, “son los verdaderos impulsores de esta reforma regresiva”.