El abogado ambientalista analizó en Falso Vivo la decisión del oficialismo de retirar uno de los artículos más cuestionados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según explicó, el retroceso fue consecuencia de la presión social, académica, sindical y ambiental, aunque advirtió que el proyecto podría volver al Congreso si el Gobierno reúne los votos necesarios
El Gobierno nacional dio marcha atrás con el artículo que buscaba modificar la Ley de Tierras, uno de los puntos más cuestionados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En diálogo con Falso Vivo, el abogado ambientalista Lucas Micheloud consideró que la decisión debe leerse como resultado de la presión ejercida por distintos sectores de la sociedad, aunque advirtió que no implica que el oficialismo haya abandonado definitivamente su objetivo.
Para Micheloud, el debate no se limita a la posibilidad de que extranjeros puedan adquirir tierras en Argentina. El especialista planteó que la modificación forma parte de un paquete más amplio de reformas que involucra distintas normas vinculadas con la protección ambiental, los bienes comunes y la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.
En ese marco, señaló que el proyecto debe analizarse junto con los cambios propuestos sobre la Ley del Fuego, las disposiciones relacionadas con desalojos y expropiaciones y otras iniciativas impulsadas por el Gobierno. Según su interpretación, se trata de modificaciones que responden a una misma orientación política y económica respecto del rol del Estado y la administración de los recursos nacionales.
El retiro del artículo, sostuvo Micheloud, constituye una conquista de la movilización ciudadana. La presión de organizaciones ambientales, sectores académicos y sindicales y distintos espacios sociales logró instalar cuestionamientos sobre una reforma que, de avanzar, podría modificar las condiciones actuales de protección de las tierras y los bienes naturales.
Sin embargo, el abogado llamó a no interpretar la decisión como el cierre definitivo del debate. El oficialismo podría volver a impulsar la modificación si consigue reunir los votos necesarios en el Congreso. Por eso, consideró fundamental mantener el seguimiento del tratamiento legislativo y de las próximas iniciativas vinculadas con la normativa.
La discusión, planteó Micheloud, excede una modificación puntual de la legislación sobre tierras y abre un debate más profundo sobre qué lugar ocupa el Estado en la protección del territorio, los bienes comunes y los recursos estratégicos. Una discusión que, según el especialista, seguirá abierta mientras el Gobierno mantenga en agenda este paquete de reformas.