El rector de la UNR y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, consideró que la ampliación presupuestaria anunciada por el Gobierno nacional sería “una noticia importante” si se concreta, aunque aclaró que la Universidad aún no recibió ninguna comunicación oficial. También insistió en que sigue pendiente el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y del fallo de la Corte Suprema

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, recibió con cautela el anuncio del Gobierno nacional sobre una ampliación del presupuesto destinado a las universidades públicas mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Aunque la medida ya fue publicada en el Boletín Oficial, desde la UNR señalaron que todavía no existe una notificación formal ni precisiones sobre cuándo se efectivizará la transferencia de los fondos.

En ese contexto, Bartolacci sostuvo que, de concretarse, la ampliación presupuestaria “sería una noticia importante” para el sistema universitario, ya que permitiría encarar la discusión del Presupuesto 2027 con una base superior a la actual.

“La ampliación de presupuesto es una noticia importante porque no hay que perder de vista que, además de la aplicación de la ley de financiamiento universitario que venimos reclamando, en un mes vamos a discutir en el Congreso el presupuesto 2027 y lo haremos con un piso diferente”, afirmó el rector.

Según trascendió, el DNU incrementa el presupuesto universitario en 1,33 billones de pesos, elevando el total de recursos del sistema a 4 billones. La mayor parte de esos fondos estaría destinada a las universidades nacionales, mientras que el resto se utilizaría para becas estudiantiles. Sin embargo, las autoridades universitarias aclararon que aún esperan conocer el alcance efectivo de la medida y los plazos de ejecución.

Bartolacci remarcó además que el anuncio no reemplaza el principal reclamo que mantienen las universidades nacionales: el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó aplicar los artículos vinculados con la actualización salarial de docentes y nodocentes y el incremento de las becas estudiantiles.

“Antes de eso necesitamos el cumplimiento y la aplicación del fallo de la Corte Suprema”, subrayó el rector, al recordar que la resolución judicial obliga al Estado nacional a implementar la recomposición prevista en la normativa.

En esa línea, explicó que la ampliación presupuestaria anunciada por el Ejecutivo puede constituir “un paso importante” hacia el cumplimiento de la ley, aunque insistió en que la discusión de fondo continúa abierta.

Esa estrategia quedó reforzada en las últimas horas con una nueva presentación judicial impulsada por el propio Bartolacci en su rol de presidente del CIN. El organismo que reúne a los rectores de las universidades nacionales solicitó a la Justicia federal que habilite la feria judicial para avanzar con una sentencia definitiva sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y evitar que el expediente permanezca paralizado durante el receso invernal.

El planteo fue presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal que se encuentra de turno durante la feria. Los rectores sostienen que, si bien la Corte Suprema dejó firme hace un mes la medida cautelar que obliga al Gobierno a actualizar salarios y becas, esos incrementos todavía no fueron efectivizados, por lo que ahora buscan una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.

Desde el sistema universitario esperan que las liquidaciones salariales de julio reflejen el cumplimiento de la cautelar, aunque advierten que, hasta el momento, no existen señales concretas de que ello ocurra. Por ese motivo, el CIN decidió avanzar con el pedido de habilitación de feria para acelerar el trámite judicial.

Mientras tanto, las universidades nacionales mantienen la expectativa de recibir la comunicación oficial sobre la ampliación presupuestaria anunciada por el Gobierno, aunque insisten en que la prioridad sigue siendo el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y de las resoluciones judiciales que ordenan su aplicación.