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Crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica: despidos y alerta por la soberanía nuclear

La delegada de ATE y profesional del Centro Atómico Bariloche, Carolina Ayala, advierte sobre la pérdida de profesionales altamente calificados, la precariedad laboral tras la Ley Bases y el impacto directo que el desmantelamiento del organismo tendrá en la medicina nuclear y el desarrollo científico del país en diálogo con “La Marca de la Almohada”.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa una situación crítica tras la notificación de aproximadamente 170 despidos, comunicados el último día del mes bajo una modalidad que los trabajadores califican de “sadismo”.

En “La Marca de la Almohada” de Radio UNR, Carolina Ayala denunció que “el organismo se encuentra actualmente por debajo de la dotación mínima necesaria para operar de manera segura y eficiente, lo que se suma a una fuga de cerebros motivada por salarios que no cubren la canasta básica”.

FUGA DE CEREBROS. Esta reducción de personal afecta a profesionales con años de formación, como físicos e ingenieros, cuyos contratos anuales fueron recortados a renovaciones trimestrales tras la implementación de la Ley Bases.

Detrás de estas medidas, los trabajadores advierten una estrategia de desmantelamiento orientada a la privatización de áreas estratégicas y superavitarias, como Nucleoeléctrica y la producción de radioisótopos, fundamentales para el tratamiento oncológico en el país.

Ayala enfatizó que la CNEA otorga a la Argentina un lugar en la “mesa chica internacional” de asuntos nucleares y una soberanía que, según su visión, afecta intereses extranjeros que buscan controlar el desarrollo tecnológico regional.

“No se entiende por qué venderías o privatizarías una empresa que te está dando ganancia”, cuestionó la delegada, vinculando el ajuste con una entrega deliberada de los recursos nacionales.

LA TENSIÓN se ha incrementado ante denuncias de irregularidades en la gestión de las nuevas autoridades, Martín Porro y Juan Ignacio Bruera, a quienes se acusa de contratar personal no idóneo con sueldos que duplican o triplican los de un doctor en física, mientras se desvincula a técnicos esenciales.

Ante este escenario, se han iniciado movilizaciones en todas las sedes del país y se preparan acciones legales colectivas y recursos de amparo para exigir la reincorporación de los despedidos. Los trabajadores mantienen retenciones de servicios y asambleas permanentes, alertando que el vaciamiento de la ciencia y técnica impactará tarde o temprano en la calidad de vida de toda la comunidad.