El decano de la Facultad de Derecho de la UNR celebró la resolución del máximo tribunal que dejó firme la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que el Estado nacional debe aplicar de manera inmediata las actualizaciones salariales, las becas y el resto de los puntos contemplados en la norma

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Hernán Botta, calificó como una “gran satisfacción” la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el recurso presentado por el Gobierno nacional y dejar firme la medida cautelar que ordena cumplir aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. En diálogo con La Marca de la Almohada, aseguró que el fallo representa “un acto de justicia” y una reafirmación del Estado de Derecho.

“Lo primero que sentimos desde el sector universitario es una enorme satisfacción porque creemos que se ha hecho justicia”, afirmó Botta. Explicó que la Corte rechazó el planteo del Estado contra la cautelar que obligaba a aplicar la ley mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo del caso. “Es una norma que tuvo un largo debate en el Congreso y un altísimo grado de legitimidad. Lo que esperábamos era que el Gobierno simplemente la cumpliera”, señaló.

Para el decano, el conflicto trasciende el reclamo universitario y plantea una cuestión institucional de fondo. “El Gobierno decidió arbitrariamente no cumplir una ley sancionada por el Congreso. Hoy es esta ley, pero mañana podría ser cualquier otra. Eso es gravísimo para el Estado de Derecho”, advirtió. En ese sentido, destacó la actuación del Consejo Interuniversitario Nacional al recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de una norma que, sostuvo, “debería haberse aplicado naturalmente”.

Botta explicó además el alcance jurídico de la resolución y remarcó que la medida cautelar ya no admite nuevas instancias de apelación. “El Gobierno no tiene otra alternativa que cumplir el fallo. La cautelar quedó firme y es de aplicación inmediata. No hacerlo sería desconocer una decisión de la Corte Suprema”, sostuvo. Aunque admitió que el Ejecutivo podría acordar con las universidades la modalidad de implementación, aclaró que “el cumplimiento ya no está sujeto a discusión”.

Respecto de los efectos concretos de la decisión, indicó que la actualización salarial ya acordada semanas atrás entre el Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios y el Gobierno deberá complementarse con los incrementos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario. No descartó que el Ejecutivo intente postergar su aplicación por cuestiones administrativas, aunque insistió en que “corresponde que se aplique inmediatamente y, de ser necesario, con retroactividad”.

El decano recordó que la norma no se limita únicamente a la cuestión salarial. También contempla la actualización de las becas estudiantiles, el financiamiento de áreas estratégicas y los recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales. “El debate se concentró en los salarios porque la inmensa mayoría de los docentes y no docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza, pero la ley es mucho más amplia y fortalece integralmente al sistema universitario”, afirmó.

Finalmente, Botta destacó el impacto institucional de la resolución y el clima que se vivió en la comunidad académica tras conocerse el fallo. “Hay una enorme satisfacción porque cuando uno tiene la convicción de que está actuando conforme a derecho y la Justicia lo reconoce, la sensación es inigualable. Pero además esto trasciende a las universidades: es una señal muy importante para el país, porque no puede haber desarrollo sin una universidad pública fuerte, de calidad y sostenida por el Estado”, concluyó.