El abogado ambientalista, Lucas Micheloud, alertó que el proyecto en debate en el Congreso replica la lógica del RIGI y habilita un esquema de desregulación que podría impactar en recursos naturales, ambiente y regulación tecnológica
En declaraciones a La Marca de la Almohada, el abogado ambientalista y director ejecutivo de la Asociación Argentina Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), Lucas Micheloud, cuestionó con dureza el proyecto conocido como “Super RIGI” que se debate en el Congreso, al que definió como una profundización del régimen de grandes inversiones ahora orientado al sector tecnológico.
Micheloud sostuvo que la iniciativa “cabalga sobre la misma idea del RIGI”, basada en la promesa de atraer inversiones que, según afirmó, “ya se demostró que están lejos de llegar en los volúmenes prometidos”. En ese sentido, planteó que el esquema vigente responde a una lógica “hiper extractiva” que no genera desarrollo real ni impacto productivo local.
El especialista advirtió que el nuevo régimen “replica la misma lógica del extractivismo, pero ahora ligado al sector tecnológico y a las corporaciones digitales globales”, y remarcó que el problema central es la ausencia de definición sobre las actividades alcanzadas. “El Super RIGI no dice qué va a regular. Ni siquiera el secretario de Energía y Minería pudo precisarlo en el Congreso”, señaló.
En ese marco, Micheloud alertó que el diseño del proyecto habilita la instalación de grandes infraestructuras de datos sin regulación efectiva. “Está destinado a convertirse en un gran laboratorio global sin ningún tipo de regulación, un esquema de desregulación para beneficiar a las big techs y a la inteligencia artificial”, afirmó, al describir el rol de las principales corporaciones tecnológicas internacionales.
Uno de los ejes centrales de su advertencia estuvo puesto en los denominados data centers. Según explicó, estas infraestructuras implican un consumo intensivo de recursos naturales. “Necesitan enormes cantidades de agua para refrigeración y un consumo energético muy alto”, señaló, y advirtió que la Patagonia aparece como una de las regiones más buscadas por sus condiciones climáticas.
Micheloud remarcó que este tipo de proyectos no necesariamente se traduce en empleo local ni desarrollo económico. “El RIGI, igual que el Super RIGI, no tiene encadenamiento productivo. No garantiza trabajo local”, sostuvo, y agregó que incluso se establecen límites mínimos de contratación nacional que, a su juicio, resultan insuficientes.
En su análisis, el abogado también alertó sobre el impacto ambiental global de los centros de datos, al citar ejemplos internacionales de alto consumo hídrico y energético. En esa línea, cuestionó que el proyecto no establezca exigencias de autosuficiencia energética ni criterios de sostenibilidad para las empresas que se instalen bajo este régimen.
Finalmente, Micheloud vinculó el debate con una tendencia más amplia de desregulación tecnológica y jurídica. Advirtió que se discuten reformas que podrían habilitar nuevas figuras societarias gestionadas por inteligencia artificial, lo que —según dijo— profundizaría la pérdida de control estatal. “Se está avanzando hacia una combinación muy peligrosa entre desregulación tecnológica y concentración corporativa sin responsabilidad ambiental ni social”, concluyó.