El exfuncionario municipal de San Lorenzo falleció en Oliveros a los 80 años. Había sido condenado por secuestros y torturas durante la última dictadura y estaba procesado en otra causa que investiga la desaparición de trabajadores y militantes del Cordón Industrial

La muerte de Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, ocurrida en la madrugada de este jueves en su vivienda de Oliveros, reabrió uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del Cordón Industrial. Exdirigente político de San Lorenzo, abogado y referente de una tradicional familia de la región, Rodríguez cargaba con una condena firme por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y permanecía procesado en otra causa que investiga la desaparición de trabajadores, delegados sindicales y militantes políticos.

Rodríguez había militado en la Juventud Peronista durante los años setenta y se desempeñó como funcionario municipal durante la gestión del intendente constitucional Luis Reynaldo Vivas. Tras el golpe de Estado de 1976 continuó dentro de la estructura local, incorporándose al equipo del interventor militar Rubén Osvaldo Cervera, designado por la dictadura para conducir el municipio de San Lorenzo.

Su participación en el aparato represivo quedó acreditada judicialmente en 2013, cuando el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario lo condenó a ocho años y seis meses de prisión por la privación ilegítima de la libertad y las torturas sufridas por el dirigente sindical Manuel Casado. La sentencia fue confirmada un año después por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme. Rodríguez cumplió la pena bajo arresto domiciliario y posteriormente recuperó la libertad.

Sin embargo, para los organismos de derechos humanos de la región, su responsabilidad fue mucho más amplia que el caso por el cual recibió condena. La militante e investigadora Soledad Chiodín, una de las impulsoras de la causa por los trabajadores desaparecidos del Cordón Industrial, sostuvo que Rodríguez fue una pieza central dentro del engranaje represivo que operó en la zona. “Fue un representante del poder económico y parte de la dictadura cívico-militar en el Cordón Industrial”, afirmó.

Según explicó Chiodín, su rol excedía el asesoramiento jurídico y político a la intervención militar. “Era los ojos de la patota”, señaló al remarcar que conocía en profundidad el movimiento obrero organizado y las estructuras sindicales de toda la región. Esa información, aseguró, resultó clave para las fuerzas represivas que actuaban desde el Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, uno de los principales centros clandestinos de detención del sur santafesino.

Al momento de su muerte, Rodríguez estaba procesado en la denominada causa de los trabajadores desaparecidos del Cordón Industrial, una investigación que busca esclarecer 19 desapariciones forzadas de dirigentes gremiales, delegados fabriles, estudiantes y militantes vinculados al movimiento obrero. Entre las víctimas figuran Juan José Funes, Lina Funes, Carlos Grupa, Ramón Di Fiori, Roberto “Potongo” Camuglia, Castellini y Héctor Müller, entre otros.

Para Chiodín, la muerte del exfuncionario implica la pérdida de una oportunidad histórica para avanzar en el juzgamiento de uno de los civiles señalados como responsables de la represión en la región. La referente apuntó directamente contra el exjuez federal Marcelo Bailaque por la demora de la causa. “Hay un responsable directo de que Pedro Alberto Rodríguez haya muerto impune y se llama Marcelo Martín Bailaque”, sostuvo. Según explicó, durante años la investigación permaneció paralizada por exigencias probatorias que dificultaron el avance de los procesamientos.

La dirigente también recordó que Rodríguez mantuvo respaldo político y corporativo incluso después de haber sido condenado por delitos de lesa humanidad. Cuestionó que nunca perdiera su matrícula profesional de abogado y señaló que recibió apoyos públicos en distintos momentos de su situación judicial.

Con su fallecimiento se extingue la posibilidad de que responda ante la Justicia por las desapariciones investigadas en la causa del Cordón Industrial. Para los organismos de derechos humanos, el cierre biológico del expediente no clausura el reclamo de memoria, verdad y justicia. “Todavía en el Cordón Industrial la impunidad está activa”, advirtió Chiodín, al sostener que muchas de las responsabilidades civiles del terrorismo de Estado continúan sin juzgarse más de cuatro décadas después del retorno de la democracia.