La integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno nacional y sostuvo que la nueva reglamentación profundiza el avance sobre los convenios colectivos, las licencias médicas y la organización sindical
La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a generar fuertes cuestionamientos desde el ámbito jurídico y sindical. En diálogo con La Marca de la Almohada, la abogada laboralista Cecilia Cozzi sostuvo que las modificaciones publicadas por el Ejecutivo responden a una lógica orientada a debilitar la negociación colectiva y a consolidar un modelo de relaciones laborales más favorable para los grandes sectores empresarios.
“Esta reforma tiene tres ejes centrales: desfinanciar a los sindicatos, debilitar la negociación colectiva y flexibilizar derechos laborales”, afirmó. Según explicó, el objetivo de fondo es afectar la capacidad de organización de los trabajadores. “El derecho colectivo es la garantía de los derechos individuales. Cuando se le quita fortaleza a los sindicatos, también se debilita la posibilidad de reclamar y hacer cumplir los derechos laborales”, señaló.
Uno de los puntos que más cuestionó fue la modificación en los recibos de sueldo, que ahora deberán exhibir de manera detallada todos los aportes y contribuciones que realiza el empleador. Para Cozzi, la medida tiene una fuerte carga ideológica. “Lo que se pone en evidencia es cuánto cuesta un trabajador, pero nunca cuánto produce o cuánto aporta a la generación de ganancias. Se instala la idea de que el trabajador es un costo”, sostuvo. En esa línea, consideró que la reforma fue diseñada “a la medida de las grandes patronales y de las exigencias del Fondo Monetario Internacional”.
La especialista también alertó sobre la obligación de renegociar convenios colectivos en plazos acotados. Según indicó, la reglamentación establece mecanismos que podrían llevar a los sindicatos a discutir nuevas condiciones laborales en un contexto desfavorable. “Si se fuerza una negociación rápida bajo amenaza de perder cláusulas vigentes, se termina negociando a la baja. Eso impacta sobre salarios, licencias, vacaciones, categorías laborales y condiciones de trabajo”, advirtió.
Respecto de las nuevas exigencias para justificar licencias médicas, Cozzi sostuvo que el Gobierno profundiza una lógica de control sobre los trabajadores sin avanzar en políticas de prevención de riesgos laborales. “Se refuerzan los requisitos burocráticos para acceder a una licencia, pero no se discuten las condiciones que generan enfermedades en los lugares de trabajo. Todo esto genera temor y muchas personas terminan trabajando enfermas por miedo a perder el empleo”, afirmó.
Otro de los aspectos que cuestionó fue la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto para reemplazar parcialmente el esquema tradicional de indemnizaciones. A su entender, la medida abre interrogantes jurídicos y podría derivar en una nueva ola de litigios. “La reforma busca reducir conflictos judiciales, pero probablemente genere más porque muchas de estas disposiciones serán discutidas en los tribunales”, sostuvo.
Finalmente, Cozzi manifestó preocupación por las nuevas restricciones a la actividad sindical, entre ellas los plazos de notificación exigidos para la realización de asambleas y medidas gremiales. “Hay disposiciones que terminan afectando el derecho de huelga y la capacidad de respuesta de los sindicatos frente a situaciones urgentes. Cada vez que analizamos la reglamentación aparecen nuevos retrocesos en materia de derechos laborales”, concluyó.