La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo con un revés para el gobierno de Javier Milei. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un pedido del Poder Ejecutivo para apartar a los magistrados que intervienen en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y confirmó que el expediente seguirá siendo tratado por los mismos jueces cuestionados por la Casa Rosada

El conflicto se originó tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso nacional. Aunque la norma fue vetada por el presidente Milei, ambas cámaras insistieron con la sanción y lograron reunir los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el veto presidencial.

Sin embargo, posteriormente el Gobierno dictó el Decreto 759/2025, mediante el cual se negó a aplicar la ley argumentando que la norma no establecía con precisión las fuentes de financiamiento para afrontar los incrementos previstos en salarios docentes, becas estudiantiles y partidas presupuestarias para las universidades nacionales.

Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional, junto a rectores de universidades públicas de todo el país, promovió un amparo colectivo para exigir el cumplimiento de la legislación aprobada por el Congreso.

La causa quedó inicialmente en manos del juez Diego Martín Cormick, quien dictó una medida cautelar ordenando al Estado nacional actualizar salarios y recursos destinados a las casas de estudio. Esa resolución fue posteriormente confirmada por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández y Alberto Morán.

Ante esos fallos adversos, el Gobierno intentó apartar a Cormick y Fernández bajo el argumento de que ambos ejercen la docencia en universidades nacionales que forman parte del reclamo judicial. Según la presentación oficial, esa condición implicaría un interés personal en el resultado del expediente.

La estrategia incluyó además un pedido para que los propios integrantes de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— se excusaran de intervenir por desempeñarse también como docentes universitarios.

El máximo tribunal rechazó todos los planteos. En su resolución sostuvo que no existe ninguna causal legal que justifique el apartamiento de los magistrados y remarcó que la actividad académica en universidades públicas no configura, por sí sola, un interés directo en el resultado del litigio.

La Corte recordó además que los mecanismos de recusación y excusación son excepcionales y deben interpretarse de manera restrictiva para preservar el principio constitucional del juez natural. Según los ministros, ampliar sin fundamentos las causales de apartamiento podría afectar el normal funcionamiento del sistema judicial.

Con esta decisión, el expediente continuará su curso bajo la intervención de los mismos magistrados que habían sido objetados por el Gobierno nacional, mientras sigue abierta la discusión sobre la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y los recursos destinados al sistema público de educación superior.