A once años de la primera movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, miles de personas volvieron a marchar este miércoles por las calles de Rosario en una nueva edición de Ni Una Menos. La convocatoria estuvo atravesada por el reclamo de justicia por los recientes femicidios de Sophia Civarelli, Agostina Vega y Dulce Candia, y por fuertes cuestionamientos a las políticas públicas impulsadas por el gobierno nacional

La concentración comenzó durante la tarde en la plaza 25 de Mayo y rápidamente se transformó en una multitudinaria manifestación que recorrió el centro de la ciudad hasta desembocar en la plaza San Martín. Banderas, carteles y consignas reflejaron tanto el reclamo histórico contra la violencia machista como las preocupaciones actuales por el desmantelamiento de programas de asistencia y prevención.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada estuvo protagonizado por familiares y amigas de Sophia Civarelli, la joven rosarina de 22 años asesinada en abril por su pareja, quien posteriormente se quitó la vida. Con carteles que exigían terminar con la protección a los femicidas, denunciaron que incluso después del crimen la versión del agresor tuvo más peso que las pruebas que surgieron durante la investigación.

La marcha también estuvo marcada por la conmoción que generaron los casos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y de Dulce Candia, de 17 años, en Misiones. Sus nombres se sumaron a una extensa lista de víctimas que volvió a ocupar un lugar central en la movilización.

Desde la primera convocatoria realizada el 3 de junio de 2015, tras el femicidio de Chiara Páez en Rufino, se registraron más de 3.200 femicidios en Argentina. Según datos difundidos durante la jornada, esos crímenes dejaron a más de 2.400 niños y niñas sin sus madres.

En Santa Fe, las cifras continúan siendo motivo de preocupación. De acuerdo con distintos relevamientos presentados durante la movilización, la provincia acumula entre 12 y 17 asesinatos de mujeres en lo que va del año, según la fuente consultada, mientras que el departamento Rosario concentra la mayor cantidad de casos registrados en territorio santafesino.

A diferencia de otras ediciones, una de las características más visibles de la marcha fue la interpelación directa hacia los varones. Diversas consignas llamaron a revisar conductas naturalizadas y a involucrarse activamente en la prevención de las violencias dentro de los ámbitos familiares, laborales, educativos y deportivos.

La crítica al Estado también ocupó un lugar central. Las organizaciones feministas, sociales, gremiales y estudiantiles denunciaron el impacto que tienen los recortes presupuestarios sobre las políticas de género, salud, educación y asistencia social. Entre las consignas más repetidas aparecieron reclamos vinculados al acceso a medicamentos, la educación pública y la continuidad de programas de acompañamiento para víctimas de violencia.

La referente de Mumalá y Libres del Sur, Sofía Botto, sostuvo que la movilización se desarrolló en un contexto marcado por un gobierno nacional que, según afirmó, niega la existencia de la violencia de género y desmantela herramientas de protección para mujeres y diversidades.

En la misma línea, Liliana Leyes advirtió sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas para prevenir los femicidios y cuestionó los discursos que buscan instalar la idea de las falsas denuncias. Según remarcó, muchas mujeres asesinadas ni siquiera habían podido acceder previamente a los mecanismos de denuncia.

La movilización concluyó en la plaza San Martín con la lectura de un documento elaborado por la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario. Allí se reivindicaron conquistas obtenidas en los últimos años, como la Ley Micaela, la Ley de Paridad de Género y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, al tiempo que se denunció la reducción de programas y presupuestos destinados a su implementación.

El texto también incluyó críticas al gobierno de Javier Milei por las políticas de ajuste económico y cuestionamientos a distintas medidas impulsadas por la administración provincial de Maximiliano Pullaro. Asimismo, rechazó iniciativas legislativas vinculadas a la penalización de falsas denuncias y reclamó una Justicia con mayor perspectiva de género.

Con un cierre unificado, las organizaciones renovaron el reclamo histórico que dio origen al movimiento y que, once años después, continúa convocando a miles de personas en todo el país: “Ni una menos. Vivas y libres nos queremos”.