Desde la Cámara de Centros de Inspección Vehicular rechazaron la nueva reglamentación impulsada por el Gobierno nacional y sostienen que habilita un sistema sin garantías de independencia en los controles

La reciente reglamentación de la desregulación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), oficializada por el Gobierno nacional a través de la Resolución Nº 32 publicada en el Boletín Oficial, generó fuertes cuestionamientos desde el sector encargado de realizar las inspecciones vehiculares.

El director de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, Carlos López, criticó la medida y aseguró que profundiza las objeciones que ya existían sobre el decreto que modificó el régimen de la RTO. Según afirmó, la nueva normativa habilita a talleres mecánicos, concesionarias e importadores a realizar revisiones técnicas, algo que considera incompatible con los principios de independencia e imparcialidad que deben regir este tipo de controles.

“Esta resolución reglamenta un decreto que ya estaba cuestionado por inconstitucional. Profundiza el error y va en la misma dirección, permitiendo que quienes luego pueden reparar un vehículo sean también quienes lo inspeccionen”, señaló.

López remarcó además que la revisión técnica vehicular es una competencia exclusiva de las provincias, por lo que las modificaciones impulsadas por la Nación no tienen aplicación automática en Santa Fe.

“Mientras la provincia no adhiera, ni el decreto ni la resolución entran en vigencia aquí”, explicó, y agregó que otras jurisdicciones como Buenos Aires y Córdoba ya adelantaron que no adoptarán el nuevo esquema.

Uno de los principales cuestionamientos del sector apunta al posible conflicto de intereses que se generaría si un mismo establecimiento detecta una falla y luego ofrece la reparación correspondiente.

“Llevo el vehículo a un mecánico amigo, encuentra una anomalía y después vende el repuesto o realiza el arreglo. Eso transforma en nula la revisión porque deja de ser un diagnóstico independiente”, sostuvo el dirigente.

Para López, una eventual apertura del sistema debería permitir la incorporación de nuevos prestadores, pero respetando las mismas exigencias técnicas y de control que actualmente cumplen los centros habilitados.

El referente también cuestionó los cambios en la frecuencia de las inspecciones técnicas y advirtió que la seguridad vial debería ser la principal preocupación al momento de modificar la normativa.

Según indicó, entre el 22 y el 25 por ciento de los siniestros viales están relacionados con fallas mecánicas o problemas de seguridad en los vehículos. Además, aseguró que en Santa Fe siete de cada diez automóviles presentan algún tipo de anomalía cuando realizan su primera revisión obligatoria a los tres años de uso.

“La modificación de los plazos tampoco responde a una cuestión técnica. Cuando los vehículos llegan a la primera inspección, la mayoría presenta defectos que deben corregirse”, afirmó.

Mientras el Gobierno nacional defiende la medida como una herramienta para reducir burocracia, ampliar la oferta de servicios y bajar costos para los usuarios, desde la Cámara santafesina consideran que la iniciativa avanza sobre un esquema que prioriza los controles independientes y la prevención de accidentes.

Por el momento, el sistema de revisión técnica en Santa Fe continuará funcionando bajo las normas vigentes. La posibilidad de implementar los cambios dependerá de una futura decisión del gobierno provincial respecto de su adhesión o no al nuevo régimen nacional.