La reforma del Código Procesal Penal que comenzó a debatirse en Santa Fe despertó cuestionamientos desde organismos de derechos humanos, abogados y sectores vinculados al ámbito judicial, que advierten sobre un avance sobre garantías constitucionales y una ampliación de facultades policiales y de inteligencia con menos controles judiciales

En diálogo con La Marca de la Almohada, la abogada Gabriela Durruty, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sostuvo que las modificaciones representan “un retroceso de mínimo 30 años en la historia del derecho argentino” y alertó sobre las consecuencias que podrían tener en materia de libertades individuales y derecho a la defensa. “La comunidad de naciones se encargó durante décadas de blindar estas situaciones. Estas reformas se dan de bruces contra los más básicos derechos procesales”, afirmó.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la ampliación de herramientas policiales y fiscales para realizar investigaciones, allanamientos y tareas de inteligencia con menores niveles de control judicial. Según Durruty, el nuevo esquema “relaja las garantías constitucionales” y concentra cada vez más poder en los órganos de persecución penal. “Se está eliminando el control de garantías”, señaló la abogada, al cuestionar especialmente los cambios que permitirían incorporar determinadas pruebas obtenidas de manera irregular o ampliar declaraciones policiales sin presencia obligatoria de una defensa técnica efectiva.

La representante de la APDH también advirtió sobre el impacto concreto que podrían tener estas medidas sobre cualquier ciudadano. “Las garantías existen precisamente para cuando se las necesita. Si por no tener un DNI encima una persona puede quedar detenida 48 horas, entonces las garantías dejan de existir en la práctica”, sostuvo.

Además vinculó el endurecimiento procesal con un contexto político más amplio y aseguró que muchas de las medidas propuestas “ya demostraron históricamente generar abusos”. En ese sentido, planteó que existe una utilización del discurso de la seguridad para justificar herramientas excepcionales que luego terminan afectando derechos básicos. “Estamos dejando en manos del elemento con más poder estatal y con menos control la vida y la libertad de las personas”, expresó.

Desde los organismos de derechos humanos ya comenzaron a coordinar acciones para intentar frenar la aprobación del proyecto en la Legislatura santafesina y anticiparon que, de avanzar, impulsarán planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia.

El comunicado de rechazo fue firmado por organizaciones como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Rosario, Abuelas de Plaza de Mayo, la Ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros espacios que manifestaron su preocupación por el alcance de las modificaciones propuestas.