El economista Javier Terán analiza en “Apuntes y Resumen” la profunda crisis política y económica que atraviesa el país andino, marcada por la parálisis de las rutas, la escasez de productos básicos y un gobierno que ha perdido la iniciativa ante el reclamo de las organizaciones sociales.

Bolivia se encuentra en una situación de extrema tensión con bloqueos de caminos y calles que han generado un severo desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, concentrándose la crisis principalmente en la ciudad de La Paz como cuenta Javier Terán en “Apuntes y Resumen” de Radio UNR.

A pesar de que el presidente Rodrigo Paz intentó mitigar el descontento anunciando una reducción salarial para el Ejecutivo, la medida no ha tenido impacto en las calles, donde los manifestantes mantienen su exigencia de renuncia.

LA REPRESIÓN ESTATAL, particularmente durante los intentos de establecer “corredores humanitarios”, solo ha servido para agudizar el conflicto, dejando un saldo de muertos y detenidos que ha radicalizado las posturas de las bases.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO radica en el rechazo a una política de ajuste estructural que la población vincula con lineamientos internacionales y que busca facilitar la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales.

LAS DEMANDAS, lideradas por la Central Obrera Boliviana, incluyen la reposición salarial y la nacionalización de la minería aurífera, puntos que fueron rechazados inicialmente por el gobierno.

Según Terán, este movimiento se ha consolidado bajo el lema de “Bolivia no se vende”, marcando un precedente de resistencia contra el modelo extractivista y los beneficios otorgados a la agroindustria cruceña en detrimento del mercado interno.

HORIZONTE POLÍTICO INCIERTO, con un presidente Rodrigo Paz aislado y un sistema económico golpeado por el agotamiento de las reservas de gas y la falta de divisas. Mientras figuras como Evo Morales proponen una renuncia presidencial y el llamado a elecciones en 90 días, Terán advierte que cualquier solución real requiere medidas estructurales que los gobiernos anteriores no estuvieron dispuestos a tomar. Por el momento, el país se debate entre la salida institucional del mandatario o la implementación de un estado de sitio, una opción que el gobierno baraja bajo la presión de sectores empresariales pero que podría inflamar aún más la crisis social.