El abogado constitucionalista Ciro Bonomeli, en representación de vecinos de la zona norte, presentó un recurso bajo la Ley 10.000 cuestionando la falta de información pública, el impacto ambiental y las irregularidades en el proceso licitatorio del proyecto de 9 millones de dólares. El letrado junto a Jorgelina Hiba un panorama de la situación.
La justicia santafesina analiza una medida cautelar presentada por vecinos de los barrios La Florida y Alberdi para detener las obras del proyecto “Parque Acuático Costanera Norte”.
El recurso judicial, enmarcado en la Ley 10.000 de intereses difusos, cuestiona el decreto municipal 715/2026 que dio inicio a una licitación valuada en casi 9 millones de dólares. Los reclamantes sostienen que “la iniciativa transforma de manera drástica la ribera de la zona de la Rambla, afectando derechos colectivos como el acceso al espacio costero, el patrimonio urbano y la identidad histórica del sector”, como señaló el abogado constitucionalista Ciro Bonomeli en la columna de ambiente de Jorgelina Hiba en “Apuntes y Resumen” de Radio UNR.
ENTRE LOS ARGUMENTOS CENTRALES de la presentación se destaca la ausencia de estudios de impacto ambiental y de información técnica sobre el impacto hídrico que tendrían las instalaciones.
La demanda invoca artículos de la flamante Constitución Provincial (33, 34 y 35) que protegen el derecho al ambiente, al agua y a la ciudad.
Asimismo, el abogado Ciro Bonomeli denunció el incumplimiento de instancias obligatorias de participación ciudadana, señalando que se ignoraron mecanismos locales como el Consejo Consultivo del Río y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, que exigen consultas previas en obras de gran impacto.
LUPA SOBRE EL PROCESO. Finalmente, la acción judicial pone la lupa sobre el proceso administrativo, calificado como una “licitación dudosa” debido a que las tareas de demolición comenzaron menos de 24 horas después de la apertura de sobres, antes de que se conociera oficialmente a la empresa adjudicataria.
Según la denuncia, estas obras iniciales fueron ejecutadas por la propia municipalidad y no por un contratista privado, además de que el proyecto no habría pasado por la aprobación necesaria del Concejo Municipal. Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de análisis de admisibilidad, a la espera de que el municipio brinde un informe detallado antes de que el juez resuelva sobre la suspensión de los trabajos.
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