Así lo dijo en “Apuntes y Resumen”, Osvaldo Bassano, director de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de Argentina quien advierte sobre “el impacto devastador que tendrá la eliminación de beneficios tarifarios y la condonación de deudas millonarias a las empresas distribuidoras en el bolsillo de los trabajadores”.

Osvaldo Bassano, especialista en derecho del consumidor, denunció que el actual proyecto de ley que se debate en el Congreso busca eliminar el beneficio de “zona fría”, afectando directamente a unos 4,5 millones de usuarios en todo el país en diálogo con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR.
Según el abogado, esta medida se enmarca en una maniobra que denomina “nube de humo”, donde mientras se discuten temas políticos menores, se avanza en una condonación de deudas y multas por 800 millones de dólares a favor de las empresas distribuidoras de energía.
El gobierno proyecta recaudar mediante este recorte entre 200.000 y 400.000 millones de pesos, dinero que, según Bassano, saldrá directamente del bolsillo de los sectores con menores recursos.
EL IMPACTO ECONÓMICO PARA LOS HOGARES será “crítico”, con incrementos que, al sumarse a la quita de subsidios nacionales, podrían rozar o superar el 100% de la factura total. Bassano introdujo el concepto de “pobreza energética” para describir la situación actual, donde el costo de los servicios básicos (luz, gas, agua y comunicaciones) ya consume entre el 35% y el 40% de los ingresos familiares, cuando internacionalmente se considera que no debería exceder el 15%.
“Esta realidad obliga a una gran parte de la población a elegir entre alimentarse adecuadamente o mantener los servicios básicos en sus hogares”.
CONTRA EL CONSUMIDOR. Finalmente, el especialista señaló que existe una violación a la protección constitucional del consumidor debido a la alta concentración monopólica en los sectores de generación, transporte y distribución de energía.
El abogado criticó que los usuarios argentinos paguen el gas y el petróleo a precios internacionales —como si fueran importados del Golfo Pérsico— en lugar de basarse en los costos locales de producción, lo que encarece artificialmente la tarifa final. Para Bassano, “la falta de inversión en infraestructura clave y la liberación del mercado sin regulaciones adecuadas están dejando a los ciudadanos sin derechos frente a un Estado que prioriza los negocios financieros por sobre el bienestar social”.