La concejala Fernanda Gigliani de Iniciativa Popular, cuestiona la legitimidad del proyecto de 12.600 millones de pesos en la Rambla Catalunya, denuncia que el Poder Ejecutivo elude el debate en el Concejo Municipal y advierte sobre una “pseudoprivatización” de la costa rosarina.

La ciudad de Rosario se encuentra sumida en un intenso debate tras conocerse la licitación para construir un parque acuático en la Costanera Norte, una obra con un presupuesto inicial de 12.600 millones de pesos. Según la concejala Fernanda Gigliani, en diálogo con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR, “tanto la ciudadanía como los propios legisladores se enteraron del proyecto a través de redes sociales y maquetas digitales, sin que mediara una discusión previa en el Concejo Municipal”.

La conejala de Iniciativa Popular sostiene que, “si bien la intervención se presenta como una revitalización, el proyecto carece de un consenso social fuerte y fue diseñado de espaldas a los vecinos que utilizan ese espacio público cotidianamente”.

LA FALTA DE CONTROL LEGISLATIVO sobre esta obra se explica por la estructura jurídica de Costanera Rosario, una empresa estatal creada en los años 90 que funciona bajo el derecho privado, permitiendo al Ejecutivo licitar bares y obras sin pasar por el órgano colegiado. Esta modalidad es duramente criticada por la concejala, quien califica la situación como una “pseudoprivatización del espacio público”.

Al mismo tiempo cuestiona la prioridad de la inversión frente a las urgentes necesidades de pavimentación, saneamiento e infraestructura hidráulica en los barrios de la ciudad. Además, advierte que los planos originales de la licitación muestran una ocupación de parte de la playa pública, lo que contradice las declaraciones recientes del intendente.

“RECLAMO ANTE LA PREPOTENCIA”.Ante lo que define como una actitud de “prepotencia” por parte del gobierno local, Gigliani respalda la propuesta de realizar una consulta popular vinculante, una herramienta constitucional que permitiría a los rosarinos decidir sobre el futuro de su costa. La concejala destaca que la organización social y el reclamo de los vecinos son claves para fortalecer la democracia, especialmente cuando se interviene en sitios que forman parte de la identidad de la ciudad.

“Aquel que detenta circunstancialmente el poder cree que puede hacer cualquier cosa”, sentenció, subrayando que una obra puede tener legalidad, pero carece de legitimidad si no cuenta con el aval de la comunidad.