A doce meses del escándalo por el fentanilo contaminado que provocó al menos 114 muertes en el país, familiares de víctimas realizarán una jornada de memoria y reclamo en Rosario. Denuncian falta de controles estatales, hermetismo de las instituciones médicas y obstáculos para acceder a información clave de la causa judicial

A un año del caso que conmocionó al sistema sanitario argentino, familiares de víctimas del fentanilo contaminado volverán a reunirse este martes en Rosario para exigir justicia y mantener vigente el reclamo por responsabilidades políticas y judiciales. La convocatoria será a las 18.30 en el Centro Cultural Fontanarrosa, bajo la consigna “Fentanilo, Memoria y Verdad”.

Ivana Esteban, integrante de una de las organizaciones de familiares e hija de una de las víctimas, explicó en diálogo con La Marca de la Almohada que el 13 de mayo se transformó en una fecha simbólica porque fue el día en que la ANMAT emitió la alerta nacional que prohibió la circulación del medicamento. “Ahí confirmamos las sospechas que teníamos. Nuestros familiares ingresaban con cuadros que no implicaban riesgo de muerte y terminaban falleciendo por bacterias extrañas y antibióticos que no hacían efecto”, sostuvo.

La investigación se originó en el Hospital Italiano de La Plata, donde profesionales detectaron un patrón común entre distintos pacientes fallecidos en terapia intensiva. Tras analizar el medicamento utilizado, se determinó que partidas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma estaban contaminadas. “Una infectóloga dijo textualmente que el fentanilo estaba podrido”, recordó Esteban.

Según los datos que maneja actualmente la Justicia Federal, ya son al menos 114 las muertes vinculadas al medicamento adulterado y 48 los sobrevivientes afectados. Rosario aparece como una de las ciudades más golpeadas por el caso. Sin embargo, las familias aseguran que la cifra real podría ser mayor. “Hay personas que quedaron afuera de la causa porque las historias clínicas están incompletas o porque nunca fueron informadas como casos sospechosos”, denunció.

Esteban cuestionó además el accionar de las instituciones médicas y la falta de acompañamiento estatal durante el proceso. “Hubo total hermetismo. A muchas familias les cobraban las historias clínicas, les pedían esperar semanas o directamente recibían hostilidad cuando intentaban acceder a información”, afirmó. En su caso particular, relató que su madre no fue incorporada inicialmente a la investigación y que debió iniciar denuncias por cuenta propia para que la causa avanzara. “Si yo no averiguaba y no denunciaba, mi mamá no era un caso”, aseguró.

La referente también apuntó contra los organismos de control y recordó que el laboratorio involucrado acumulaba decenas de alertas previas. “Este laboratorio tenía 118 alertas de calidad y nunca fue clausurado. El principal responsable es el laboratorio, pero también hay responsabilidades del Estado por no controlar”, planteó.

La causa judicial continúa tramitándose en La Plata y actualmente espera definiciones de la Cámara de Apelaciones luego de que los imputados apelaran sus procesamientos. Mientras tanto, las familias sostienen encuentros, actividades públicas y reclamos institucionales para evitar que el caso quede relegado. “Nosotros no elegimos atravesar esto. Si el Estado hubiera controlado como correspondía, nada de esto tendría que haber sucedido”, remarcó Esteban.

La jornada prevista para este martes buscará combinar memoria, acompañamiento colectivo y visibilización pública del reclamo. “Las ausencias se sienten en el alma, pero también en el cuerpo. Necesitamos que la sociedad entienda que esto no fue un accidente aislado, sino una masacre sanitaria”, concluyó.