Un exhaustivo relevamiento del Consejo Federal de Política Criminal sobre más de 8 millones de causas penales confirma que las denuncias falsas representan apenas el 0,09% del total. El ex juez Carlos Rozansky advierte sobre el trasfondo ideológico y el “marketing político” detrás de los proyectos que buscan modificar la ley basándose en estadísticas inexistentes.
Un contundente informe elaborado por el Observatorio de Violencias de Género, que nuclea a los Ministerios Públicos Fiscales de todo el país, desmintió la supuesta proliferación de falsas denuncias en el sistema penal argentino. El estudio analizó un universo de 8.254.672 causas entre los años 2023 y 2025, concluyendo que los casos de falsa denuncia representan un ínfimo 0,09%.
Según los datos duros del relevamiento, se registra aproximadamente una causa de este tipo cada mil expedientes, mientras que el falso testimonio desciende a uno cada cuatro mil, lo que lleva al informe a concluir que no existe una base fáctica que justifique una reforma penal.
En este contexto, el ex juez de Cámara Federal, Carlos Rozansky, en diálogo con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR cuestionó duramente la iniciativa legislativa de la senadora Carolina Losada, calificando la construcción del mito de las falsas denuncias como una “brutalidad”.
Rozansky destacó que es la primera vez que el país cuenta con estadísticas tan sólidas y que los resultados son “lapidarios” para quienes impulsan estas reformas. Asimismo, comparó la situación con antecedentes internacionales, como el caso de España, donde sobre un millón y medio de causas el porcentaje de denuncias falsas fue aún menor, situándose en el 0,008%, lo que demuestra que la problemática es estadísticamente insignificante a nivel global.
“El nivel de creación del mito que hizo Losada es indefendible, es una brutalidad”
“ESTRATEGIA DE LA EXTREMA DERECHA”. Finalmente, el ex magistrado vinculó la promoción de estas agendas con una estrategia de la “extrema derecha” para deshumanizar a las víctimas y proteger a victimarios. Rozansky fue categórico al afirmar que detrás de estos proyectos no hay una “intención sana”, sino una defensa encubierta de delitos graves como la pedofilia y el abuso sexual infantil.
Según su análisis, el uso del “marketing político” por parte de figuras que acceden a bancas legislativas sin formación política real permite la instalación de debates que ignoran los datos objetivos de las fiscalías, con el único fin de avanzar sobre los derechos de las niñeces y otros sectores vulnerables.
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