En un contexto de hostilidad creciente, el Sindicato de Prensa de Rosario y FOPEA denuncian un aumento del 55% en las agresiones a periodistas, señalando al Poder Ejecutivo como el principal responsable de una estrategia que busca el silencio y la desinformación. Juan Pablo Sarkissian, secretario gremial del sindicato rosarino brindó su mirada en “Apuntes y Resumen”.

Argentina atraviesa una crisis sin precedentes en materia de libertad de prensa, según revela el último informe anual del monitoreo de FOPEA. Durante el año 2025, se registró un récord de 278 ataques contra periodistas, la cifra más alta desde que se inició este relevamiento en 2008.
El presidente Javier Milei encabeza la lista de agresores con 119 casos, mediante el uso de discursos violentos, estigmatización, ciberacoso sistemático y denuncias judiciales.
Juan Pablo Sarkissian, secretario gremial del Sindicato de Prensa de Rosario, sostiene en diálogo con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR que este escenario “no es accidental”, sino que responde a una lógica donde “la falta de libertad de expresión deriva inevitablemente en represión institucional”.
La hostilidad se ha materializado también en restricciones físicas inéditas dentro de la Casa Rosada, donde los periodistas acreditados ahora son escoltados por custodia militar y tienen prohibido circular por espacios antes públicos, como el Patio de Palmeras.
REPRESION Y VIOLENCIA FÍSICA. Sarkissian vincula directamente estos discursos oficiales con la violencia física sufrida por trabajadores de prensa en las calles, destacando casos de extrema gravedad como el de Pablo Grillo, quien perdió un ojo debido a la represión en el Congreso. Para el dirigente gremial, lo nuevo no es solo la agresión, sino la sistematicidad con la que se intenta anular el derecho a la información de la ciudadanía.
Finalmente, la situación se ve agravada por un entramado de intereses económicos y falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos. Sarkissian denuncia una “complicidad brutal” entre empresas periodísticas y el poder político, donde los negocios condicionan qué realidades se cubren y cuáles se ocultan.
A esto se suma el uso discrecional de fondos reservados y la pauta oficial para financiar estructuras de redes sociales y streaming que operan como herramientas de hostigamiento.
. Ante este panorama, el gremio advierte sobre una “involución” democrática y la pérdida de oportunidades históricas para regular la concentración de medios y garantizar la pluralidad de voces en el país