Un informe del CESO advierte que la mejora de las cuentas públicas se sostuvo con pérdida del poder adquisitivo y priorización del equilibrio fiscal sobre los ingresos de los trabajadores
La provincia de Santa Fe consolidó en los últimos dos años una mejora significativa en sus cuentas públicas, con un superávit primario acumulado de $181.970 millones. Según un informe del Centro de Economía Scalabrini Ortiz (CESO), este resultado se explica por un crecimiento real de los ingresos del 54%, que superó el aumento del gasto, ubicado en el 49%. Sin embargo, el estudio advierte que esta solidez fiscal tuvo como contracara una marcada caída del salario real de los trabajadores estatales.
De acuerdo al relevamiento, el gasto en personal creció por debajo del gasto total, lo que derivó en una pérdida promedio del 21% del poder adquisitivo. El deterioro fue aún más profundo en sectores clave del Estado: los docentes registraron una caída del 34%, el personal de salud del 19%, los administrativos del 17% y las fuerzas de seguridad del 15%.
El CESO caracteriza este esquema como un modelo de “ancla salarial”, en el que la política fiscal prioriza el sostenimiento del superávit y la inversión en obra pública por sobre la recomposición de ingresos. En esa línea, el informe cuestiona la distribución del gasto público: mientras la partida destinada a la cúpula política aumentó un 95% en términos reales, el presupuesto para servicios sociales, como salud y educación, creció apenas un 38%.
Otro de los puntos señalados es el fuerte incremento de la recaudación propia provincial. El Impuesto Inmobiliario registró una suba real del 140%, mientras que Patentes creció un 107%. Para el centro de estudios, estos datos debilitan el argumento oficial de la “incertidumbre post-sequía” como justificación para no avanzar en mejoras salariales.
Finalmente, el informe advierte que la estrategia fiscal se completa con un incremento significativo del endeudamiento —15 veces mayor en el período analizado— junto con la acumulación de excedentes. Este esquema, sostienen, configura un “blindaje financiero” que, en los hechos, implica una transferencia de ingresos desde los trabajadores estatales hacia la liquidez del Estado provincial.