A un año de los casos fatales por fentanilo contaminado, familiares de las víctimas impulsan una ley integral para garantizar la seguridad farmacológica y evitar el desvío de sustancias peligrosas al mercado negro. En diálogo con “Apuntes y Resumen”, Alejandro Ayala dijo: “Las autoridades sanitarias marcaron una falla que fue imperdonable”.
A un año de que se conocieran los primeros casos de víctimas por fentanilo adulterado en Argentina, los familiares de los damnificados presentarán este viernes 24 de abril a las 16:00 un proyecto de ley de trazabilidad en el Congreso de la Nación. Alejandro Ayala, familiar de una de las víctimas, explicó en diálogo con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR, que “la iniciativa surge ante la falta de reformas y la inacción parlamentaria para abordar las recomendaciones de la comisión investigadora”.
El encuentro contará con la presencia de distintos bloques de diputados con el fin de unificar propuestas que mejoren los mecanismos de seguridad del sistema de salud y den respuesta a un daño estructural que, según denuncian, sigue repitiéndose.
LA PROPUESTA LEGISLATIVA pone el foco en la responsabilidad estatal y en las fallas críticas de organismos de control como el Ministerio de Salud y la ANMAT. Ayala denunció que existió un “silencio institucional” y que las autoridades ignoraron inspecciones previas que ya advertían sobre irregularidades en el laboratorio involucrado, actuando recién cuando el fármaco ya se había distribuido por todo el país.
Según el testimonio, esta cadena de omisiones sistémicas y falta de comunicación interjurisdiccional impidió detener el brote a tiempo, resultando en una cifra de víctimas que las familias consideran mucho mayor a la registrada oficialmente debido a la falta de reportes hospitalarios adecuados.
LEY DE TRAZABILIDAD INTEGRAL EXHAUSTIVA. Su objetivo central es garantizar un control estricto desde la compra de la materia prima hasta la aplicación del medicamento en el paciente. Actualmente, el sistema no logra identificar con precisión dónde, cuánto y a quién se aplican ciertos fármacos de uso hospitalario, lo que facilita su desvío indebido.
“No estamos preparados para actuar ante el riesgo ni principalmente en la prevención”, advirtió Ayala, subrayando que la nueva normativa busca dar seguridad a la sociedad para que no vuelva a ocurrir una tragedia de esta magnitud en la República Argentina.