Florencia Rovetto analiza el impacto del desmantelamiento de programas preventivos, la responsabilidad de los discursos políticos de odio y el rol fundamental de las instituciones educativas para frenar la violencia machista en diálogo con “Apuntes y Resumen”.
Florencia Rovetto, Secretaria del Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), manifiesta una “profunda preocupación” por el marcado retroceso en las políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia de género y la discriminación. Según explica en “Apuntes y Resumen” de Radio UNR, el desmantelamiento de programas nacionales y el recorte en la Educación Sexual Integral (ESI) “han reducido los espacios de escucha y reflexión colectiva, dejando a la sociedad con menos herramientas para detectar situaciones violentas a tiempo”.
Para la Licenciada en Comunicación Social, el aumento de femicidios y crímenes de odio es un producto directo de este “desguace” estatal, que ha desarmado dispositivos de acompañamiento para mujeres, niñeces y diversidades.
DISCURSO ANTIFEMINISTA HABILITADO. La entrevistada sostiene que existe una “habilitación social” impulsada por un discurso antifeminista desde el propio Estado, que valida acciones violentas de individuos que se sienten respaldados por estas narrativas.
Este clima ideológico afecta particularmente a ciertos sectores de varones que, resentidos por los avances del feminismo, encuentran refugio en discursos de odio y en la complicidad machista que circula en ámbitos como grupos de WhatsApp y redes sociales. Rovetto advierte que la crueldad de los crímenes recientes no es casual, sino el resultado de un “odio visceral” que hoy encuentra validación política.
Finalmente, Rovetto enfatiza que la solución no puede ser meramente individual ni limitarse a sanciones económicas a las familias, sino que requiere un abordaje estructural y colectivo. “Es fundamental que instituciones como la escuela, la justicia y los medios de comunicación asuman su responsabilidad mediante capacitaciones como la Ley Micaela para no revictimizar ni desinformar”.
En este contexto, reafirma que la universidad continúa sosteniendo sus protocolos de atención y espacios de sensibilización para desmontar los discursos de odio y construir formas de vinculación basadas en el cuidado.