La delegada de ATE Mariana Elizondo cuestionó la eliminación de más de 900 prestaciones del organismo y advirtió por el impacto en pymes, controles y empleo
La delegada de ATE e integrante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Rosario, Mariana Elizondo, advirtió sobre las consecuencias de la decisión del gobierno nacional de dar de baja más de 900 servicios del organismo. “Se está desmantelando una herramienta clave para el entramado productivo y para el control de calidad que protege a los consumidores”, afirmó.
En diálogo con La Marca de la Almohada, Elizondo explicó que el INTI cumple un rol central en la asistencia tecnológica a empresas, especialmente pymes, que no cuentan con recursos para desarrollar ensayos, prototipos o mejoras de productos. “El instituto brinda desde pruebas en plantas piloto hasta asesoramiento técnico con profesionales altamente capacitados. Es un respaldo fundamental para quienes quieren producir y no tienen cómo validar sus procesos”, señaló.
La trabajadora remarcó que muchas de estas prestaciones no pueden ser reemplazadas fácilmente por el sector privado. “Hay ensayos que directamente no se hacen en otro lugar del país. Por ejemplo, algunos vinculados a sustancias peligrosas o certificaciones necesarias para exportar productos como el litio. Sin eso, se pone en riesgo toda una cadena productiva”, explicó.
Elizondo también cuestionó los argumentos oficiales sobre la supuesta “baja demanda” de los servicios y planteó que el enfoque responde a una lógica de mercado que desconoce la función del Estado. “No se puede pensar al INTI como una empresa. Su rol es garantizar condiciones de calidad, seguridad y desarrollo, incluso cuando eso no es rentable para un privado”, sostuvo.
En ese sentido, subrayó que el organismo cumple tareas clave para la vida cotidiana, muchas veces invisibles. “Desde garantizar que cuando alguien paga 20 litros de combustible reciba efectivamente esa cantidad, hasta controlar envases o alimentos. Son cosas que la sociedad da por sentadas, pero requieren de controles técnicos que hoy están en riesgo”, advirtió.
La medida, además, impacta directamente en el empleo dentro del instituto. Según indicó, alrededor de 700 trabajadores podrían quedar sin tareas a partir de la resolución. “Esto nos deja en la puerta de un pase a disponibilidad, que en la práctica es un despido diferido”, afirmó, y agregó que el organismo ya venía atravesando recortes en viáticos, movilidad y recursos operativos.
Frente a este escenario, Elizondo confirmó que el sector se encuentra en estado de alerta y movilización. “El 21 de este mes hay un paro nacional de ATE y en el INTI estamos realizando asambleas. La preocupación es muy grande porque lo que está en juego no es solo el trabajo, sino el rol del Estado en áreas estratégicas”, concluyó.