La diputada provincial Lucila De Ponti planteó que la medida busca alivianar el peso de los costos fijos en un contexto de caída del poder adquisitivo y creciente endeudamiento

La diputada provincial Lucila De Ponti defendió la presentación de proyectos de moratoria para deudas en servicios públicos e impuestos en Santa Fe y advirtió que la situación económica obliga a muchas familias a elegir entre pagar facturas o cubrir necesidades básicas. “Hay un desfasaje enorme entre los costos fijos de vida y los ingresos. Eso hace que las familias se endeuden o directamente dejen de pagar”, sostuvo.

En diálogo con La Marca de la Almohada, la legisladora explicó que las iniciativas —una impulsada por ella y otra por el diputado Walter Agosto— apuntan a establecer un régimen de regularización que incluya tanto a usuarios residenciales como a pequeños contribuyentes y pymes. “Se trata de generar herramientas para que quienes no pudieron pagar en tiempo y forma puedan ponerse al día, en un contexto donde muchas veces se prioriza comprar comida antes que pagar la luz o un impuesto”, remarcó.

De Ponti describió un escenario de fuerte deterioro en las economías domésticas, con un crecimiento sostenido del endeudamiento. “Hoy seis de cada diez familias están endeudadas y empieza a aparecer la mora. Muchas veces ese endeudamiento es con tarjetas de crédito o billeteras virtuales, con tasas muy altas”, explicó. En ese marco, consideró que la provincia tiene margen para intervenir con políticas que alivien el peso de los costos fijos, como tarifas e impuestos.

La propuesta contempla la apertura de una moratoria por un período determinado —estimado en 90 días— durante el cual los deudores podrán regularizar su situación con planes de pago accesibles y quitas de intereses. También se prevé la posibilidad de cancelación al contado con descuentos significativos. “Es una herramienta de política fiscal que históricamente se utilizó en la provincia y que este gobierno decidió no implementar”, señaló.

En relación a la situación actual de morosidad, De Ponti indicó que existen datos de organismos como la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario que evidencian dificultades crecientes para afrontar el pago de servicios. A esto se suma, según mencionó, una caída en los niveles de recaudación reconocida por el propio Ministerio de Economía provincial, lo que refleja un problema extendido de atraso en los pagos.

La legisladora también advirtió que, si bien no se registran cortes masivos de servicios, la presión sobre los hogares es cada vez mayor. “Las empresas comprenden la situación y no avanzan con cortes generalizados, pero eso no quita que el problema de fondo siga creciendo”, afirmó.

Finalmente, De Ponti cuestionó la política tarifaria del gobierno provincial, especialmente tras el reciente aumento del transporte interurbano. “Se traslada todo el costo del ajuste a los ciudadanos. Hay un límite en el bolsillo de las familias”, planteó, y agregó que el esquema actual combina subas de tarifas con recortes en salarios y jubilaciones, profundizando la crisis del consumo y el acceso a servicios básicos.