Tras una masiva jornada de protesta en el Parque Tecnológico Migueletes, referentes de la multisectorial de trabajadores advierten que el Gobierno busca transferir funciones estatales a laboratorios privados, poniendo en riesgo la soberanía tecnológica y cientos de puestos de trabajo. En “Apuntes y Resumen”, Daniel Luna, referente de la multisectorial de trabajadores brindó un panorama de la crítica situación.
Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron una masiva movilización y asamblea en la sede de General San Martín para rechazar un expediente oficial que busca dar de baja 1.000 servicios industriales. Según explicó Daniel Luna, referente de la multisectorial de trabajadores, en diálogo con “Apuntes y Resumen” en Radio UNR esta medida representa un “ataque directo” que afecta a sectores que van desde la alimentación hasta la electrónica y las construcciones.
La resolución, que ya circula en ámbitos oficiales, pone en riesgo inmediato 700 puestos de trabajo, los cuales se sumarían a los 800 que ya han sido desvinculados de la institución en los últimos meses.
La preocupación de los profesionales no se limita a la estabilidad laboral, sino que alertan sobre un grave peligro para la seguridad de la población.
El INTI cumple una función crítica en el control de calidad de productos de consumo masivo: desde el análisis de cementos y adhesivos para edificios hasta las condiciones de los alimentos y los insumos médicos. Luna denunció que el trasfondo de este ajuste es un “negocio enorme” para transferir estas funciones a laboratorios privados que, a diferencia del instituto, carecen de la imparcialidad necesaria para garantizar la trazabilidad y calidad de los procesos industriales.
IMPACTO ECONÓMICO PARA EL PAÍS. Finalmente, los trabajadores destacaron el impacto económico negativo que tendría para el Estado la eliminación de áreas como la metrología legal, encargada de verificar la precisión de balanzas cerealeras, surtidores y alcoholímetros. Aseguran que estas mediciones correctas le han ahorrado al país miles de millones de dólares en recaudación impositiva que ahora quedarían en manos de privados.
Ante este escenario de vaciamiento que también afecta a otros organismos como el INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica, se convocó a una “acción muy fuerte” y conferencia de prensa para el próximo martes con el fin de evitar que la resolución avance.
¿Cómo afecta el cierre de servicios a la seguridad alimentaria?
El cierre de los servicios industriales en el INTI afecta la seguridad alimentaria al eliminar los controles estatales que garantizan que los productos consumidos por la población cumplan con las normas de calidad y seguridad requeridas.
De acuerdo con las fuentes, el impacto se manifiesta en los siguientes puntos clave:
Prevención de riesgos sanitarios: El INTI se encarga de analizar las diversas condiciones que deben tener los alimentos para asegurar que el consumo de productos industriales no termine siendo un “desastre para la población”. El instituto ha cumplido esta función de cuidado del consumidor por más de 70 años.
Garantía de contenido y normas: Los laboratorios del instituto están equipados para garantizar que un producto “tenga lo que dice que tiene”, evitando tanto estafas comerciales como riesgos para la salud derivados de componentes no declarados o fuera de norma.
Pérdida de imparcialidad: Una de las mayores preocupaciones es que estos servicios pasen a laboratorios privados. Los trabajadores advierten que, a diferencia del INTI, que es imparcial en la trazabilidad de los resultados, en el ámbito privado los resultados podrían ser manipulados por intereses económicos o corrupción (“coimas”), priorizando el negocio sobre la seguridad de los alimentos.
El desmantelamiento de estas áreas pone en riesgo la seguridad de la población en su conjunto, ya que el Estado pierde su capacidad técnica para supervisar de manera objetiva lo que consumen los ciudadanos
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