La medida de fuerza, impulsada por la asociación APAMIA y respaldada por el sindicato AMRA, rechaza una resolución oficial que elimina el pago por prestaciones y reduce los ingresos de los médicos a una cápita fija de solo 2.100 pesos por afiliado. Eduardo Taborda de la Asociación de Médicos de la República Argentina brindó detalles de la situación en “Apuntes y Resumen”.

Este lunes comienza un cese de actividades por 72 horas llevado adelante por los médicos de cabecera nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APAMIA), con el apoyo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).

La protesta surge como respuesta directa a una nueva resolución que recorta sustancialmente los salarios del sector, provocando que los profesionales pasen a cobrar exactamente la mitad de lo que percibían anteriormente

Eduardo Taboada, secretario general de AMRA Santa Fe, denunció en “Apuntes y Resumen” de Radio UNR que esta situación profundiza la precarización histórica de los profesionales, a quienes definió como trabajadores que operan prácticamente “en negro” dentro del sistema.

EL EJE DEL CONFLICTO radica en el cambio del sistema de pagos: se eliminó el cobro por “prácticas” o prestaciones realizadas, dejando como único ingreso una “cápita” fija de 2.100 pesos por cada afiliado asignado. Según los cálculos gremiales, para alcanzar un salario que permita cubrir los gastos de un consultorio alquilado y sea mínimamente digno, un médico debería tener a su cargo a casi mil jubilados. Esta carga operativa es considerada “imposible” de cumplir, ya que implicaría atender un volumen de consultas diarias que compromete seriamente la calidad de la atención médica y la salud de los propios profesionales.

VACIAMIENTO. Más allá del reclamo salarial, desde los sindicatos advierten sobre un proceso de “vaciamiento” y desmantelamiento del organismo que afecta directamente a los jubilados. Taboada señaló que la administración actual prioriza la burocracia y el manejo de la caja por sobre las necesidades de los pacientes, afirmando que “detrás de cada papel del PAMI hay un afiliado” que hoy no está siendo tenido en cuenta.

La medida de fuerza pone de manifiesto una crisis estructural donde la quita de recursos y la falta de inversión pública amenazan con dejar sin cobertura básica a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.