El diputado provincial puso el foco en la falta de respuestas a ahorristas de planes de vivienda y pidió la intervención urgente del Estado para garantizar transparencia

El diputado provincial Miguel Rabbia advirtió sobre la crítica situación que atraviesan cientos de ahorristas vinculados a planes de vivienda y reclamó una intervención activa del Estado para ordenar el conflicto. “Hay personas que pagaron durante 20 años y hoy no tienen respuesta de dónde van a tener la vivienda que deben recibir”, señaló, tras participar de una audiencia en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Rabbia describió un escenario atravesado por la incertidumbre y la falta de información clara. Según indicó, muchos de los damnificados no solo enfrentan demoras en las adjudicaciones, sino también cambios en las condiciones originales: “Tenían prometidas viviendas en un radio determinado y hoy les ofrecen otras ubicaciones, incluso en lugares que todavía están por construirse”.

En ese marco, remarcó la necesidad de que el Estado provincial asuma un rol activo para equilibrar la relación entre las empresas y los ahorristas. “Necesitamos claridad, transparencia y reducir la asimetría de información. De un lado hay empresarios y del otro individuos que confiaron sus ahorros durante años”, planteó.

El legislador confirmó que presentó iniciativas para exigir la intervención de la Secretaría de Comercio, particularmente del área de Defensa del Consumidor. “Es fundamental que haya un organismo que actúe como árbitro, que analice los contratos y determine si se están cumpliendo las condiciones pactadas”, explicó.

En relación a los contratos, Rabbia mencionó situaciones que consideró preocupantes, como la posibilidad de perder el plan tras la falta de pago de tres cuotas. “Después, para recuperar ese dinero, las personas tienen que esperar años y muchas veces no reciben la totalidad de lo aportado”, sostuvo, al tiempo que insistió en que estos puntos deben ser revisados por el Estado.

El diputado también advirtió sobre la magnitud del problema, que excede a Rosario y alcanza a otras localidades de la provincia y de la región. “Estamos hablando de cientos, posiblemente miles de personas afectadas. Es una situación que ya es pública y requiere una respuesta ordenada y contundente”, afirmó.

Pese a las críticas, Rabbia evitó plantear una ruptura con la empresa involucrada y sostuvo que el objetivo principal debe ser garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos. “No queremos generar pánico ni angustia. Lo que necesitamos es que la empresa pueda seguir y entregar las viviendas a quienes han pagado por ellas”, concluyó.