El abogado ambientalista cuestionó el avance de la reforma impulsada por el gobierno nacional, denunció irregularidades en el tratamiento y anticipó una ola de demandas si se aprueba en Diputados

La discusión por la modificación de la Ley de Glaciares entra en una etapa decisiva en el Congreso, con un oficialismo que acelera los tiempos y una creciente reacción social en todo el país. En ese contexto, el abogado ambientalista Lucas Micheloud advirtió en La Marca de la Almohada que, de aprobarse los cambios, se abrirá un escenario de fuerte conflictividad y judicialización.

Según explicó, el proceso legislativo ya arrastra cuestionamientos de origen. “Lo que va a suceder hoy es consolidar la inconstitucionalidad y la irregularidad de todo el procedimiento”, sostuvo, y apuntó directamente contra lo que calificó como una “falsa audiencia pública”, donde de más de 100 mil inscriptos participaron menos de 400 personas. Para Micheloud, esto implica una vulneración directa del derecho a la participación ciudadana.

El eje de la reforma, que permitiría mayor injerencia de las provincias y habilitaría proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares, encendió alertas en sectores ambientales. “Estos proyectos son inherentemente contaminantes y pueden afectar reservorios de agua dulce”, señaló, y agregó que además implican un consumo hídrico “extraordinario e irracional”. Como ejemplo, mencionó un emprendimiento minero que proyecta utilizar 2.000 litros de agua por segundo durante 30 años.

En ese marco, también rechazó uno de los argumentos más repetidos por el oficialismo, que toma el caso de Chile como modelo. “No es la misma cordillera ni las mismas reservas. Son formaciones geológicas distintas y contextos hídricos críticos”, explicó. Y advirtió que el país vecino ya enfrenta niveles crecientes de estrés hídrico, una situación que podría profundizarse en las próximas décadas.

Otro de los puntos más sensibles que planteó el especialista es la posible existencia de conflictos de interés en el impulso de la reforma. “Hay funcionarios públicos con vínculos directos con el sector minero de una forma escandalosa”, afirmó, y mencionó denuncias recientes contra figuras vinculadas a la toma de decisiones en el área.

Frente a este escenario, Micheloud anticipó que, si la ley se aprueba, la disputa se trasladará a los tribunales. “Va a haber una multiplicidad de acciones judiciales. Estamos trabajando en lo que podría ser la acción judicial más grande del mundo en esta materia”, adelantó, aunque evitó dar detalles sobre la estrategia legal.

Mientras tanto, la calle también aparece como un actor central. Este miércoles se replican movilizaciones en distintas ciudades del país, incluyendo Rosario, donde la convocatoria es a las 17 en Córdoba y Corrientes. “La sociedad está movilizada y esto va a tener un costo político”, aseguró.