En las vísperas de una sesión clave en la Cámara de Diputados, la legisladora santafesina de “Fuerza Patria” advirtió sobre el carácter “regresivo” del proyecto oficialista y denunció el lobby de cinco provincias para habilitar la explotación económica en reservas hídricas críticas en diálogo con “Apuntes y Resumen”.

La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a debatir este miércoles 8 de abril un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que ya cuenta con media sanción del Senado. Según advirtió la diputada de Fuerza Patria por Santa Fe, Caren Tepp en “Apuntes y Resumen” de Radio UNR la iniciativa representa una “modificación regresiva” que busca empeorar los niveles actuales de protección ambiental para favorecer intereses económicos en la zona cordillerana.

Tepp calificó el debate parlamentario como “discrecional y arbitrario”, señalando que, a pesar de que hubo un récord de 100.000 ciudadanos inscriptos para las audiencias públicas, el oficialismo solo permitió la participación de 300 personas, ignorando que el 99,9% de los expositores se manifestó en contra de los cambios.

La legisladora también expresó su preocupación por la falta de transparencia en la previa de la votación, señalando que el gobierno nacional estaría forzando el tratamiento porque contaría con los números necesarios para convertir el proyecto en ley.

En este sentido, puso la lupa sobre los representantes de Santa Fe, recordando que, aunque la provincia votó en contra de la modificación en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), todavía hay diputados que no han expresado públicamente el sentido de su voto. Tepp denunció que solo cinco gobernadores impulsan este avance, dándole la espalda a las otras 12 provincias que se ven directamente afectadas por la desprotección de sus recursos hídricos.

CONSULTA POPULAR. Ante lo que considera un uso autoritario del poder, Tepp impulsa la realización de una consulta popular para que sea la ciudadanía quien defina el futuro de estas reservas naturales.

La diputada explicó que actualmente el 99% del territorio cordillerano ya permite la explotación minera y económica, y que la ley vigente solo protege el 1% restante debido a su importancia científica y técnica como reserva de agua dulce.

“Necesitamos que cuando hay temas tan trascendentes, que afectan a las generaciones futuras, las decisiones no queden relegadas solamente a la política”, concluyó, defendiendo el derecho de los argentinos a decidir por “sí o por no” sobre la minería en áreas periglaciares.