Desde el Inventario Nacional de Glaciares advirtieron que los cambios propuestos podrían afectar la protección de los cuerpos de hielo y dejar decisiones clave en manos políticas

En medio del debate por la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional, la coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, Laura Zalazar, cuestionó los alcances del proyecto y advirtió sobre los riesgos de modificar una normativa que, según explicó, ya cuenta con herramientas técnicas suficientes para proteger estos ecosistemas.

En diálogo con La Marca de la Almohada, Zalazar detalló el rol del IANIGLA, organismo responsable de relevar y monitorear los glaciares en Argentina. “La ley vigente establece la necesidad de contar con un inventario nacional y le asigna al instituto la responsabilidad de llevarlo adelante. Ese trabajo comenzó en 2011 y permitió, por primera vez, tener un mapa completo y homogéneo de los glaciares a lo largo de todo el país, con criterios científicos comparables”, explicó.

La especialista subrayó que este inventario es clave para la protección ambiental, ya que permite identificar con precisión dónde se encuentran los cuerpos de hielo y, a partir de allí, ordenar las actividades en la alta montaña. “Para proteger hay que saber dónde están. Esta herramienta permite evitar impactos sobre glaciares y ambientes periglaciares, en un contexto donde además ya están siendo afectados por el cambio climático”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que el inventario no actúa de manera aislada, sino que se complementa con otros instrumentos como las evaluaciones de impacto ambiental, que son competencia de las provincias. “La discusión no es si hay o no actividad, sino dónde se desarrolla y bajo qué condiciones. La ley no prohíbe la minería en general, sino que establece límites en zonas sensibles”, remarcó.

Respecto a la reforma en debate, Zalazar planteó que uno de los principales problemas es la falta de definiciones claras sobre quiénes asumirían las funciones técnicas que hoy cumple el IANIGLA. “La modificación no especifica qué organismos determinarán qué áreas son estratégicas ni con qué criterios. Eso introduce muchas dudas y debilita el rol científico-técnico que hoy tiene el instituto”, advirtió.

Además, señaló que el proyecto podría abrir la puerta a decisiones con mayor peso político en detrimento de los criterios técnicos. “El rol del IANIGLA quedaría subordinado, se pierde la esencia de su participación dentro de la ley. Y, lejos de aclarar aspectos, la reforma genera más incertidumbre sobre su aplicación”, afirmó.

Consultada sobre los posibles impactos de habilitar actividades en zonas actualmente protegidas, Zalazar explicó que los riesgos son tanto directos como indirectos. “Afectar un glaciar implica intervenir en una reserva de agua y en un regulador hídrico clave. Si se trata de varios cuerpos de hielo dentro de una misma cuenca, el impacto puede ser mucho mayor. A eso se suma el riesgo de contaminación, que ya ha ocurrido en algunos casos”, detalló.

Por último, cuestionó que el IANIGLA no haya sido convocado formalmente para participar en la elaboración del proyecto. “No fuimos consultados en la redacción de la modificación. Sí hubo instancias posteriores donde el director del instituto pudo exponer en el Congreso, pero la ley no parte de nuestro trabajo”, indicó.

En ese marco, la postura institucional es clara: “Consideramos que no es necesaria la modificación. La ley vigente ya contempla herramientas adecuadas y cambiarla en este sentido no aporta claridad, sino que pone en riesgo su aplicación y la protección de los glaciares”, concluyó.