Alicia Bernal, integrante de autoconvocados, advirtió que cientos de familias no reciben los departamentos pactados en Rosario y que la empresa ofrece viviendas en zonas alejadas. Reclaman intervención judicial y política.
Años después de haber cumplido con planes de hasta 240 cuotas para acceder a una vivienda, damnificados del sistema Bauen Pilay denuncian incumplimientos contractuales y condiciones distintas a las acordadas. Alicia Bernal, una de las afectadas, describió la situación y sostuvo que el reclamo ya involucra a miles de familias en distintas provincias.
Alicia Bernal, dialogó con La Marca de la Almohada y explicó que el conflicto se origina en un sistema que durante años funcionó como una alternativa para sectores medios que buscaban acceder a la vivienda propia. “Éramos trabajadores con ingresos formales que podíamos sostener un alquiler y una cuota, que era similar a un alquiler”, señaló, al recordar el contexto en el que muchas familias decidieron ingresar. En ese sentido, remarcó que el compromiso implicaba un esfuerzo sostenido en el tiempo, muchas veces atravesando crisis económicas, pérdida de empleo y cambios en la situación personal, pero con la expectativa de cumplir el objetivo final.
Según detalló, los contratos eran claros respecto a los plazos y condiciones. “Pagabas durante 240 cuotas y la empresa tenía que entregarte un departamento en el radio céntrico”, indicó, al describir el esquema que se ofrecía a los adherentes. Sin embargo, sostuvo que la situación actual dista completamente de ese compromiso original, ya que quienes finalizaron sus planes no reciben las unidades acordadas. “Las personas que terminaron sus planes no reciben el departamento adecuado”, afirmó, marcando el eje del reclamo.
Uno de los principales puntos de conflicto tiene que ver con la ubicación de las viviendas que se ofrecen como alternativa. “Te mandan a un lugar en medio del campo por un departamento que no pagaste”, expresó Bernal, en referencia a propuestas que se alejan de lo estipulado contractualmente. En esa línea, precisó que se trata de zonas periféricas. “Estamos hablando de 15 kilómetros de Rosario”, agregó, lo que implica un cambio significativo en las condiciones de vida proyectadas por quienes ingresaron al sistema.
Además, señaló que no solo se incumple en la localización, sino también en la calidad de las construcciones. “Hay vicios constructivos, pero sobre todo no cumplen con el contrato”, remarcó, al plantear que el problema es estructural y no se limita a casos aislados. Para Bernal, el núcleo del conflicto es el desfasaje entre lo prometido y lo efectivamente entregado, tanto en tiempo como en condiciones.
Consultada sobre las explicaciones de la empresa, indicó que fueron variando con el paso del tiempo y que muchas resultan inconsistentes. “En un momento dijeron que la Municipalidad no habilitaba construcciones en el centro, pero eso es mentira”, afirmó, al cuestionar uno de los argumentos utilizados. También mencionó otras justificaciones que, según relató, generaron indignación entre los damnificados. “Dicen que el futuro está en vivir lejos del centro, que te están haciendo un favor”, expresó.
Para la damnificada, estos planteos no resisten análisis frente al esfuerzo realizado durante décadas. “Acá estamos hablando de 20 años de pago, lo único que exigimos es que se cumplan los contratos”, sostuvo, marcando el límite del reclamo. En ese sentido, enfatizó que no se trata de una renegociación, sino del cumplimiento estricto de lo pactado originalmente.
Bernal describió además el impacto social que genera la situación en los afectados. “Hay gente jubilada que no puede seguir alquilando y sostener esta pelea”, señaló, al explicar que muchos atravesaron cambios en su situación económica. Esto lleva a que algunos acepten las condiciones impuestas por la empresa. “Hay situaciones muy desesperantes y algunos terminan aceptando”, agregó, reflejando la complejidad del escenario.
Sin embargo, destacó que existe un grupo numeroso que decidió sostener el reclamo colectivo. “Somos muchos los que no estamos dispuestos a aceptar eso”, afirmó, en referencia a los autoconvocados que comenzaron a organizarse. Según explicó, la visibilización del conflicto es reciente. “Este fue un tema muy silenciado durante años”, indicó, al señalar que recién en las últimas semanas lograron mayor exposición pública.
En cuanto a las acciones emprendidas, mencionó movilizaciones y gestiones institucionales. “Estamos visibilizando esto porque hay cientos de casos judicializados”, sostuvo, al remarcar la dimensión legal del conflicto. En ese marco, planteó que la situación ya no puede ser considerada un problema individual. “Cuando hay miles de damnificados, esto trasciende lo privado y se convierte en un problema social”, afirmó.
También cuestionó la respuesta de los ámbitos políticos, particularmente en el ámbito local. “Nos escucharon en el Concejo, pero después aprobaron nuevos desarrollos de la empresa”, señaló, en relación a proyectos recientes. Para Bernal, esto evidencia una contradicción entre el reconocimiento del problema y las decisiones adoptadas. “Creemos que se equivocan al seguir avalando proyectos sin revisar los incumplimientos”, sostuvo.
El conflicto, además, se replica en otras jurisdicciones del país. “Esto también pasa en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos”, indicó, ampliando el alcance del problema. En algunos casos, las condiciones serían incluso más desfavorables. “En Santa Fe adjudican en otra localidad, como Santo Tomé”, explicó, lo que implica un incumplimiento aún más evidente del contrato original.
Finalmente, Bernal advirtió sobre la continuidad del esquema bajo otras modalidades. “Si incumplieron con nosotros, ¿por qué van a cumplir con los que vienen después?”, cuestionó, en referencia a los nuevos sistemas de comercialización. En ese sentido, reiteró el reclamo central del colectivo. “El incumplimiento es en tiempo y en lugar, y eso no se puede aceptar”, concluyó.