Matías De Bueno, secretario de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, cuestionó la reforma impulsada por el Gobierno y denunció restricciones en la participación. La universidad fijó una postura institucional en defensa de la ley vigente

En el marco de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares, la Universidad Nacional de Rosario expresó su rechazo a las modificaciones propuestas. Matías De Bueno, secretario del Área de Política Ambiental de la UNR, advirtió sobre un retroceso en la protección ambiental y cuestionó el proceso de participación, tras la inscripción de más de 100.000 personas.

Matías De Bueno, secretario de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, planteó que el eje del debate debe centrarse en el impacto que tendría la reforma sobre los recursos estratégicos del país.

“Argentina es uno de los países con mayor cantidad de glaciares en el mundo, en cantidad y diversidad”, explicó en diálogo con La Marca de la Almohada. En ese sentido, subrayó la relevancia de estos ecosistemas en el funcionamiento hídrico nacional. “Esos glaciares irrigan más de 36 cuencas hídricas, una gran porción de nuestro país depende del agua de esos glaciares”, señaló.

Desde su perspectiva, la modificación impulsada implica un cambio sustancial en el nivel de protección vigente. “Lo que se pretende es retroceder en la protección de los glaciares para habilitar proyectos mineros e hidrocarburíferos”, afirmó.

El funcionario universitario advirtió sobre las consecuencias de ese escenario. “Van a terminar contaminando el agua y generando graves problemas a las poblaciones”, sostuvo. De Bueno explicó que actualmente existen restricciones claras sobre ciertas actividades. “Hay normativas que prohíben la minería o la explotación hidrocarburífera en glaciares y ambientes periglaciares”, indicó.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la posible modificación del esquema de control. “Se pretende que las provincias puedan decidir quitar glaciares del inventario nacional”, detalló.

Ese inventario, recordó, está hoy bajo la órbita de un organismo técnico del sistema científico. “Lo tiene a cargo el IANIGLA, que es un instituto técnico-científico reconocido”, explicó.

Para el representante de la UNR, la iniciativa presenta problemas legales de fondo. “La norma es absolutamente inconstitucional porque es regresiva y violenta la Ley General del Ambiente, la Constitución y tratados internacionales”, afirmó. En ese marco, vinculó el proceso con compromisos internacionales en materia de participación. “El Acuerdo de Escazú establece el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones ambientales”, señaló.

También mencionó el Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa a pueblos originarios. “Muchos glaciares están en territorios indígenas y ese derecho también se está vulnerando”, agregó.

En relación a las audiencias públicas, De Bueno cuestionó la limitación de la participación. “Se inscribieron más de 102.000 personas, pero menos del 0,4% pudo participar de forma presencial”, indicó.

El funcionario también describió el contexto en el que se desarrolló la primera jornada. “El Congreso estaba vallado y con un operativo de seguridad que resultó intimidante”, afirmó. Desde su mirada, la modalidad adoptada no responde a la magnitud del debate. “Si es un tema tan trascendental, deberían haberse hecho audiencias en distintas jurisdicciones para escuchar a la gente”, planteó.

En ese sentido, interpretó que existe una intención de acelerar el tratamiento legislativo. “El oficialismo tiene apuro para sacarlo en abril”, señaló.

De Bueno anticipó que una eventual aprobación podría derivar en conflictos. “Va a traer gravísima conflictividad social y judicial”, advirtió. Incluso proyectó un escenario de judicialización. “Entiendo que la Corte va a declarar inconstitucional esta norma”, afirmó.

Frente a este panorama, propuso mecanismos alternativos de participación. “El Congreso debería convocar a una consulta popular para que la ciudadanía se exprese”, sostuvo. Además, mencionó herramientas impulsadas desde la sociedad civil. “Hay iniciativas para que la gente pueda contactar a diputados y expresar su posición”, explicó.

En paralelo, detalló la participación de la UNR en el proceso. “Expusimos desde distintos espacios, participaron investigadores, estudiantes y el rector envió una nota institucional”, indicó. Para De Bueno, esa intervención tiene un peso específico. “No es menor que el rector se haya pronunciado, porque representa a gran parte del sistema científico universitario”, concluyó.