En el marco de la audiencia pública por la modificación de la Ley 26.639, el Rector Franco Bartolacci presentará ante el Congreso una postura crítica contra el proyecto que busca reducir la protección de áreas periglaciares, señalando que la medida “pone en riesgo el suministro hídrico de millones de argentinos y vulnera derechos constitucionales”.

El Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Licenciado Franco Bartolacci, manifestó formalmente la oposición de la comunidad académica ante la propuesta de modificación de la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares mediante un comunicado que será presentado en la audiencia pública por el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares.

En el documento la UNR expone que los cambios propuestos implican una reducción de los niveles de protección ambiental actuales, lo cual habilitaría la minería a gran escala en áreas estratégicas que hoy están resguardadas por su importancia para la provisión y regulación del agua.

Desde el plano jurídico, la UNR sostiene que esta reforma constituye un retroceso normativo incompatible con el mandato constitucional de progresividad en materia ambiental.

Franco Bartolacci subrayó que el proyecto vulnera el principio de equidad intergeneracional y el principio de no regresión reconocido por la Ley 25.675 y diversos compromisos internacionales. Además, advirtió que delegar en las autoridades provinciales la definición de qué áreas proteger podría vaciar de contenido el concepto de presupuestos mínimos nacionales, debilitando la arquitectura del federalismo ambiental argentino.

En términos científicos y ambientales, el documento destaca que los glaciares y el ambiente periglacial son fundamentales para regular el régimen hídrico y garantizar el agua en períodos secos, además de sostener una biodiversidad altamente especializada.

Argentina cuenta con más de 8.400 km² de superficie glaciar, cuya preservación es crítica ante la aceleración del cambio climático.

La eventual desprotección de estos entornos no solo afectaría los ecosistemas, sino que alteraría la calidad y cantidad de agua disponible aguas abajo, comprometiendo el equilibrio natural de las cuencas.

Finalmente, la universidad advirtió sobre el impacto socioeconómico de la medida, señalando que “más de 7,5 millones de personas viven en provincias con cuencas que dependen de los glaciares”. La afectación de estos recursos pondría en riesgo actividades productivas fundamentales como la agricultura y la generación de energía, especialmente en regiones áridas como Cuyo. Por estos motivos, la institución solicitó que “se mantenga la plena vigencia de la ley actual, entendiendo que la protección de estos recursos estratégicos debe trascender las coyunturas políticas y económicas”.

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