Organizaciones ambientales presentaron un amparo colectivo ante la decisión del oficialismo de restringir la participación oral y proponer el envío de videos por YouTube para procesar un interés social que ya supera cualquier antecedente mundial. Se inscribieron más de más de 90.000 personas para defender la Ley de Glaciares. Lo confirmó Lucas Micheloud, abogado ambientalista en diálogo con “Apuntes y Resumen”.

La reforma de la Ley de Glaciares ha generado una movilización civil sin precedentes en la historia argentina, alcanzando un récord de más de 90.000 personas inscriptas para participar en la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados. Según el abogado ambientalista Lucas Micheloud en diálogo con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR, “no existen registros en el mundo de un nivel de interés similar para discutir una normativa de este tipo”.

Sin embargo, el oficialismo ha sido denunciado por intentar cercenar y limitar esta participación, otorgando apenas dos jornadas de debate y pretendiendo que la inmensa mayoría de los interesados se manifieste a través de videos pregrabados en YouTube en lugar de hacer uso de la palabra de forma presencial o sincrónica.

A LA JUSTICIA. Ante lo que califican como un “vaciado” del debate democrático, diversas organizaciones sociales y ambientales han interpuesto una acción de amparo colectiva para garantizar el principio de oralidad y la participación real de la ciudadanía. Los denunciantes sostienen que “la estrategia de La Libertad Avanza de seleccionar arbitrariamente a unos pocos expositores viola el reglamento de la Cámara, el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente”. Micheloud advirtió que “esta medida no solo es autoritaria, sino que también vulnera a sectores con dificultades tecnológicas y adultos mayores, transformando un derecho democrático en una formalidad vacía”.

REFORMA EXPRÉS. Desde el sector ambientalista se denuncia que esta “reforma exprés” busca beneficiar directamente a un puñado de corporaciones mineras que actualmente tienen proyectos frenados por encontrarse en áreas protegidas. Se ha señalado que existe una urgencia por parte del Gobierno y el sector empresarial que no coincide con los tiempos de la sociedad, llegando incluso a mencionarse la preparación de denuncias penales contra legisladores por presuntos vínculos incompatibles con su función pública en el marco de este debate.

La oposición y los especialistas exigen que se amplíe el calendario de la audiencia para permitir que todos los interesados sean escuchados de manera efectiva.

Finalmente, el conflicto se enmarca en un clima de época signado por la violencia institucional y el corrimiento de la racionalidad en el debate público. Mientras el Gobierno argumenta que es “materialmente imposible” escuchar a todos los inscriptos, los expertos aseguran que “existen mecanismos legales para extender las jornadas y garantizar la transparencia”.

El caso de los glaciares no es visto solo como una disputa ecológica, sino como un punto de inflexión para la democracia argentina, donde la presión del lobby corporativo se enfrenta a una ciudadanía que, en números masivos, demanda proteger sus recursos naturales estratégicos.