La presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (APRIDIS), Mariel Chapero en diálogo con “Apuntes y Resumen” alertó sobre la interrupción de la cadena de pagos y la falta de implementación de la ley de emergencia, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios esenciales.

Mariel Chapero, presidenta de APRIDIS, describió una situación crítica para las instituciones y prestadores de servicios de discapacidad en Santa Fe durante su diálogo en el programa “Apuntes y Resumen” de Radio UNR.
Según detalló, el Gobierno Nacional ha suspendido los pagos por un período que ya alcanza los cinco meses, afectando especialmente a quienes dependen del programa Incluir Salud, financiado con fondos del Tesoro Nacional. “Esta interrupción en la cadena de pagos ha dejado a las instituciones sin recursos para afrontar compromisos básicos como el pago de honorarios profesionales y alquileres”.
La crisis financiera ha comenzado a provocar el cierre de instituciones que no pueden renovar sus contratos de alquiler o afrontar mudanzas. Chapero enfatizó que “el sector del transporte es uno de los más castigados, ya que los choferes no cuentan con dinero para cargar combustible y se ven imposibilitados de reparar o mantener sus unidades de traslado”.
La dirigente subrayó que “estos espacios no tienen rentabilidad comercial y que, de desaparecer, el Estado no cuenta con dispositivos públicos que brinden estos servicios de salud y educación especializada”.
RESPECTO A LA GESTIÓN POLÍTICA. Chapero criticó que el gobierno utiliza la reorganización administrativa de la Agencia Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud como una excusa burocrática para dilatar los pagos. A pesar de la aprobación de una ley de emergencia en el Congreso, el Ejecutivo solo ha reglamentado algunos puntos bajo presión judicial y no ha puesto en marcha las soluciones económicas necesarias. Ante los reclamos, los funcionarios nacionales se limitan a pedir “paciencia” y “fe”, respuestas que la presidenta de APRIDIS considera insuficientes para cubrir las obligaciones legales y salariales del sector,.
LA DISCAPACIDAD AUSENTE. Finalmente, la representante de APRIDIS lamentó que la discapacidad fuera omitida en el discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias, calificando la situación como una “política generalizada del abandono”,. Advirtió que, de no mediar una solución urgente, el sistema entrará en un cese definitivo de prestaciones, dejando a las personas con discapacidad libradas a su propia suerte y sin acceso a terapias vitales,. Chapero concluyó que la falta de protección estatal vulnera la dignidad y la autonomía de un sector que requiere de un sistema de contención sólido para desarrollarse.