El director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, cuestionó la inacción judicial ante las nuevas evidencias de un pacto secreto entre el mandatario y el empresario Hayden Davis, calificando el hecho como una negociación incompatible con la función pública en diálogo con “Apuntes y Resumen”.
Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), detalló en una entrevista con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR, los alcances del nuevo amicus curiae presentado en la causa “Libra”, la cual investiga un presunto acuerdo confidencial entre el presidente Javier Milei y el empresario Heiden Davis.
Según Biscay, esta presentación busca “dinamizar una instrucción que no muestra avances significativos”, a pesar de que la justicia halló recientemente un borrador del contrato en un dispositivo electrónico. Para el especialista, “es evidente que el mandatario utilizó su investidura presidencial para interesarse y promover un negocio de naturaleza privada, lo cual está estrictamente prohibido por las normas de ética pública”.
LA ESTRATEGIA LEGAL DEL CIPCE se centra en demostrar que Milei incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública. Biscay desestimó la defensa del Gobierno, que sostiene que el presidente actuó a título personal en sus redes sociales, argumentando que el uso de una cuenta validada oficialmente le otorga naturaleza jurídica a esa información. Asimismo, reveló que “las investigaciones de su organización confirmaron que áreas técnicas clave, como la Procuración del Tesoro y la Secretaría General de la Presidencia, no fueron consultadas ni intervinieron en la firma del supuesto acuerdo clandestino”.
CRÍTICAS AL FISCAL. El exdirector del Banco Central fue sumamente crítico con el desempeño del fiscal Eduardo Taiano, calificando el manejo de la investigación como un “letargo” que parece orientado a mantener la impunidad. Biscay sostuvo que existen elementos suficientes desde hace meses para convocar al presidente a declaración indagatoria, especialmente ante la sospecha de un “pacto previo” para difundir la criptomoneda Libra. En este sentido, alertó sobre la configuración de un posible “nuevo pacto” entre el poder político y ciertos sectores del poder judicial para frenar el avance de la causa.
Finalmente, el titular del CIPCE subrayó que la figura del amicus curiae permite a organizaciones especializadas aportar argumentos técnicos y pruebas para esclarecer casos de alta complejidad e interés público. Destacó que el objetivo es romper los “diques de impunidad” y establecer las responsabilidades penales correspondientes en lo que se perfila como un caso de corrupción de alto nivel. Para Biscay, fortalecer la agenda anticorrupción es una tarea vital para evitar que fenómenos de criminalidad organizada controlen las políticas públicas en Argentina.