Será este jueves a las 17 en la Plaza 25 de Mayo. El proyecto elevado al Senado por el Poder Ejecutivo de la Nación deja desprotegida toda la zona cordillerana que provee de agua dulce a más de 7 millones de argentinos en pos de emprendimientos mineros.

Este jueves el Senado de la Nación tratará, en el marco de las sesiones extraordinarias, la reforma a la denominada Ley de Glaciares. La normativa vigente nació hace dieciséis años, cuando la crisis climática apenas era un diagnóstico, y se logró un consenso pionero entre la comunidad científica y la ciudadanía. Entonces se establecieron protecciones mínimas para los cuerpos de hielo, garantizar el recurso a siete millones de argentinos e impedir el extractivismo minero y petrolero donde existen fuentes de agua dulce. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei pretende fragmentar esa protección federal mediante la habilitación de trámites administrativos ante cada gobierno provincial con el fin de que puedan ser ejecutados. En ese marco, mañana habrá una concentración en la Plaza 25 de Mayo de Rosario a partir de las 17 horas.

En ese marco, Romina Araguas, integrante del colectivo Abogados Ambientalistas y de la ONG El Paraná No se Toca, visitó el estudio de Radio Universidad y en La Marca de la Almohada sostuvo su preocupación por los cambios que intenta implementar el gobierno nacional ya que “constituyen una regresión absoluta en la legislación vigente, que es producto de un consenso amplio y muy debatido, pero también muy resistido por las grandes corporaciones mineras”. En ese sentido dijo que “hoy Argentina tiene una ley que protege los glaciares y las zonas periglaciarias, crea un inventario nacional de los mismos y expresa taxativamente que no se puede realizar ningún tipo de actividad peligrosa o contra esas reservas de agua dulce que se encuentran en la cordillera de los Andes y que son nacimiento de los ríos que surcan esa región, es decir un 40% de las cuencas de nuestro país ”.

Asimismo, la profesional manifestó que el proyecto “es absolutamente inconstitucional porque en Argentina rige el artículo 41 de la Constitución que dice que las provincias deben establecer un estatus mínimo de protección de sus recursos a través de leyes y este proyecto sostiene que pueden desproteger todo lo que quieran a partir de considerar que algún glaciar no tiene un interés hídrico. En ese sentido nosotros decimos que no es una ley de presupuestos mínimos, sino que es una ley que establece estándares mucho más bajos, una ley de sótano y no de pisos”.

Al analizar el tema del federalismo vinculado a la ley, la abogada explicó que “las provincias, cuyos gobiernos están más cerca de la gente interesada y que conocen en profundidad sus territorios, saben el agua de un glaciar afecta a toda la cuenca y esto significa que afecta a más de una provincia por las cuales discurren los ríos. Ante ello, si una provincia quiere desafectar una zona lo podrá hacer sin consultar a sus vecinas, con una decisión meramente administrativa y sin ningún tipo de estudio científico”.

“Lo que esta ley pretende, y el presidente lo ha manifestado, es habilitar la minería en zonas glaciarias y periglaciarias mediante proyectos que hoy se encuentran frenados o en vista de realización”, explicó Araguas, y remarcó que “hay un lobby que hace años  viene luchando porque sean habilitados esos proyectos”.

A la hora de cuantificar los glaciares y sus zonas de afectación, la abogada dijo que “hay 1.900 espacios de agua dulce que podrían ser afectados no sólo en la Patagonia sino a lo largo de toda la cordillera incluyendo provincias como Catamarca, San Juan o Mendoza donde hubo este verano movilizaciones masivas en defensa de las cuencas hídricas de las que se nutre la economía provincial y que arrastran una crisis hídrica desde hace más de diez años.”

Araguas también destacó la movida a nivel nacional que se ha gestado a partir de este proyecto de reforma a la Ley de Glaciares lo que llevó a la conformación de una multisectorial de defensa que ha recorrido el país dando charlas y haciéndose oír en diferentes ámbitos para concientizar sobre el proyecto impulsado por el gobierno nacional y poner en conocimiento de la gente que lo que se pierda en caso de su aprobación es irrecuperable. “Si a eso se suma el detrimento que vienen sufriendo los glaciares por el cambio climático que este gobierno niega, la pérdida es aún mayor”.

Para Araguas, la intención del gobierno de proponer la reforma legislativa en las sesiones extraordinarias “tiene un solo fin, el económico, la falsa inversión que ciertas mineras harán en esos territorios sin dejar nada al país porque sólo tributan un 3% de sus ganancias y el RIGI les facilita la salida de sus ganancias al exterior”.

La abogada dijo que el proyecto también es anticonstitucional teniendo en cuenta los tratados internacionales que la Argentina ha firmado y que consagran el principio de no regresión ambiental, o se a que no se puede proteger menos en materia ambiental de lo que ya se protege. Y afirmó que en caso de que este proyecto se convierta en ley será judicializado en defensa de la constitucionalidad.

Finalmente, Araguas hizo referencia a la situación que se vivió estos últimos días en el arroyo Ludueña, tras el hallazgo de miles de peces muertos por una supuesta intoxicación. “Es muy preocupante la situación producto de los vertidos industriales que se hacen en la región sobre el cauce del arroyo y lamentablemente el comité de cuenca  que debería atender la problemática tiene un enfoque economicista que no presta atención a las consecuencias y lo hace bajo la ceguera de la provincia que debería actuar al respecto”.