El referente del Almacén de las Tres Ecologías denunció que el municipio rescindió el contrato de manera irregular y acusó a funcionarios de querer privatizar el espacio destinado a la economía social

El conflicto por el Almacén de las Tres Ecologías sumó un nuevo capítulo. Roberto García, integrante del proyecto cooperativo, confirmó que recibieron una cédula municipal que formaliza la rescisión del contrato de uso del espacio que ocupaban desde 2015 en un galpón de la costa central rosarina.

“Lamentablemente recibimos una resolución firmada por el intendente que da por terminado el contrato. La vamos a responder por vía administrativa porque presenta mentiras e incongruencias”, sostuvo García en diálogo con La Marca de la Almohada.

El espacio, ubicado en un pequeño galpón entre Puerto Norte y avenida Pellegrini, funcionaba como punto de comercialización de productores y cooperativas vinculadas a la economía social. Según García, la decisión municipal responde a un cambio de orientación política sobre el uso del lugar.

El cooperativista explicó que el conflicto se originó cuando el municipio avanzó con la instalación del denominado “Mercado del Río” —al que definió como “un patio de comidas”— dentro del mismo galpón.

“Ese espacio estaba destinado a promover economías solidarias, asociativas y cooperativas, no emprendimientos privados con fines de lucro”, señaló. Y agregó: “Desde el primer día que decidieron desvirtuar el objeto del galpón sabíamos que iban a intentar sacarnos”.

Según relató, el 30 de enero funcionarios municipales habrían ingresado al lugar sin notificación previa, cambiado la cerradura y tomado posesión “de facto” del espacio. “Rompieron la cerradura y después inventaron las causas”, denunció.

En la resolución oficial se mencionan supuestas irregularidades edilicias: problemas eléctricos, falta de agua, desagües deficientes y presencia de roedores. García rechazó esos argumentos.

“El problema eléctrico lo generaron cuando montaron el mercado gastronómico, que consume muchísima energía. El agua falta desde hace veinte años en todo el edificio. Y si hay ratas, entonces deberían cerrar también la cocina municipal y el mercado del río, porque el techo es el mismo”, ironizó.

Además, aseguró que nunca fueron notificados formalmente de esas observaciones ni recibieron actas de inspección previas. “Dicen que nos avisaron reiteradas veces. Que muestren las actas. No existen”, afirmó.

García calificó el accionar como una violación del principio republicano. “Lo que los griegos llamaban el arkhé: el Estado debe actuar conforme a derecho. Acá primero ejecutaron y después buscaron justificar”, expresó.

El referente cooperativo insistió en que el trasfondo del conflicto es político y conceptual. “Hablan de emprendedores, pero meten en la misma bolsa a una señora que vende tortas fritas y a un estudio de diseño. Nosotros hablamos de productores y de cooperativas. Esto también es una falta de respeto al movimiento cooperativo”, sostuvo.

Tras recibir la notificación, los integrantes del almacén fueron convocados a una reunión en la Subsecretaría de Economía Social. “Nunca rompemos el diálogo, pero vamos sin expectativas. Nos sentaremos con funcionarios que nos han mentido en la cara”, dijo García.

Mientras preparan la respuesta administrativa, el proyecto recibió adhesiones de organizaciones sociales, cooperativas, sindicatos y partidos políticos.

“El contrato se firmó un 11 de febrero de 2015 y nos notificaron la rescisión el mismo día, diez años después. Parece guionado”, concluyó García.