La diputada provincial del Bloque Peronista analizó la creciente tensión con las fuerzas de seguridad, vinculando el conflicto con la pérdida del poder adquisitivo y la falta de herramientas institucionales para la representación gremial de los trabajadores públicos. “El ahorro de la provincia se explica por la baja de los salarios y las jubilaciones”, dijo en “Apuntes y Resumen”.
En diálogo con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR, la diputada provincial Lucila De Ponti se refirió a la protesta policial que atraviesa Santa Fe, calificando los reclamos como “absolutamente legítimos” dentro de un contexto de políticas salariales “agresivas” por parte del Ejecutivo provincial.
Según detalló la legisladora, los efectivos han sufrido una pérdida real de sus ingresos cercana al 17% durante la gestión de Maximiliano Pullaro, lo que sitúa a muchos agentes por debajo de la línea de pobreza con salarios que no cubren la canasta básica. Para De Ponti, el supuesto “método de ahorro” del gobierno actual se traduce, en realidad, en un ajuste directo sobre los haberes de los trabajadores públicos y el sector previsional.
“El gobierno de Pullaro es agresivo en cuestiones salariales con policías, docentes, médicos y trabajadores del Estado en general”.
Más allá de lo estrictamente económico, la diputada subrayó la precariedad de las condiciones laborales, haciendo énfasis en problemas estructurales como el “desarraigo” y la falta de contención en salud mental. Mencionó que el detonante de la crisis fue el suicidio de un oficial, un hecho que expuso las extremas exigencias y la falta de elementos materiales mínimos, como traslados adecuados y equipamiento.
De Ponti describió la situación como una “bomba de tiempo” generada por el acumulamiento de carencias que no son abordadas de manera integral por la institución.
ORGANIZACIÓN DEL RECLAMO. Respecto a la organización del reclamo, la legisladora peronista planteó la necesidad de avanzar hacia modelos de representación más democráticos, como la sindicalización o la creación de un “Defensor del Policía”.
La diputada provincial argumentó que los canales actuales, mediados por la jerarquía policial, no están legitimados para negociar condiciones laborales, lo que deriva en situaciones de “caos” e incertidumbre sobre la prestación del servicio de seguridad. Desde su perspectiva, es imperativo construir herramientas consensuadas para que el conflicto no dependa exclusivamente de la voluntad de la cúpula de la fuerza.
Finalmente, De Ponti hizo un llamado a la “humildad” del gobierno provincial para establecer una mesa de diálogo que incluya una recomposición salarial general para todo el empleo público.
VENTAJA POLÍTICA CON NAFTA AL FUEGO. Asimismo, De Ponti rechazó el “oportunismo político” de sectores nacionales que, según sus palabras, buscan sacar ventaja de la crisis sin interés real por las condiciones de los trabajadores. La diputada concluyó advirtiendo que la seguridad, como servicio esencial, no puede garantizarse si el Estado no cuida a quienes “ponen el cuerpo”, asegurando condiciones de vida dignas para todos los sectores