Comenzó en los Tribunales Federales de Rosario el juicio contra siete productores agroindustriales y dos funcionarios públicos por el uso de agrotóxicos en zonas prohibidas de Pergamino. La causa, iniciada en 2018 tras la denuncia de vecinos afectados, podría sentar un precedente clave en materia de delitos ambientales

Esta semana comenzó en los Tribunales Federales de Rosario un juicio histórico por delitos ambientales y contra la salud pública vinculados al uso de agrotóxicos en campos cercanos a zonas urbanas de la ciudad bonaerense de Pergamino. En el banquillo de los acusados hay nueve personas: siete vinculadas a la producción agropecuaria y dos funcionarios municipales, señalados por permitir o no impedir fumigaciones en áreas prohibidas.

La causa se originó en 2018 a partir de la denuncia de Sabrina Ortiz, vecina de Pergamino, quien alertó sobre las consecuencias de las fumigaciones en la salud de su familia y en el ambiente de la zona. A partir de esa presentación, la Justicia Federal de San Nicolás ordenó una medida cautelar que prohibió las aplicaciones de agroquímicos en un radio de 1.095 metros respecto de áreas habitadas.

“Lo que se está juzgando es la elección de un modo de producción agropecuaria que generó una contaminación ambiental con relevancia jurídico penal”, explicó Federico Reinares Solari, fiscal a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, en diálogo con La Marca de la Almohada. Según detalló, la acusación sostiene que las fumigaciones se realizaron tanto en zonas expresamente prohibidas por la normativa vigente como con cantidades de químicos superiores a las permitidas.

La producción cuestionada corresponde al modelo agrícola predominante en la zona núcleo del país, basada principalmente en el cultivo de soja. Entre los productos utilizados se encuentra el glifosato, uno de los agroquímicos más difundidos y controvertidos. “Los agroquímicos tienen un grado de toxicidad y esta actividad está regulada justamente por su potencial peligro”, sostuvo el fiscal.

Reinares Solari aclaró que el delito ambiental no exige probar un daño concreto, sino demostrar que la actividad fue objetivamente peligrosa para el medioambiente. No obstante, la Fiscalía presentará pruebas que vinculan las fumigaciones con afectaciones reales a la salud de personas que vivían en los alrededores, apoyadas en estudios de suelo, agua, pericias médicas e inspecciones oficiales. “Vamos a demostrar que las afectaciones disminuyeron a partir de que se prohibieron las fumigaciones, y eso es clave para establecer el nexo causal”, indicó.

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos, la acusación apunta a la falta de control y a la omisión de deberes. Si bien en Pergamino la normativa municipal fijaba un límite de 100 metros para fumigar cerca de zonas urbanas, el fiscal remarcó que los riesgos de la actividad eran conocidos desde hacía tiempo. “No se trata de discutir si eran 99 o 101 metros. Los productores y los funcionarios sabían las consecuencias y aun así decidieron continuar”, afirmó.

El juicio contará con más de cien testimonios, incluidos especialistas médicos y científicos, y es seguido con atención por organizaciones ambientales y sectores académicos. Desde el Ministerio Público Fiscal remarcan que se trata de una causa de fuerte relevancia institucional y que, por ese motivo, se rechazó cualquier salida alternativa al debate oral. “La política penal ambiental es troncal para el Ministerio Público Fiscal”, subrayó Reinares Solari.

El proceso podría sentar jurisprudencia para otros conflictos similares en la región pampeana, donde el modelo del agronegocio convive desde hace años con denuncias por contaminación y daños a la salud. “No es una postura antiproducción”, aclaró el fiscal, “sino una discusión sobre cómo producir sin vulnerar derechos fundamentales ni poner en riesgo el ambiente y la vida de las personas”.