La salida de Marcos Lavagna expuso tensiones internas por la actualización del IPC. Economistas advierten que la medición actual subestima el costo de vida y que un cambio metodológico mostraría una inflación sensiblemente más alta
La renuncia de Marcos Lavagna como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) abrió una nueva polémica en torno a la medición de la inflación. El funcionario, identificado con el Frente Renovador y designado durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, presentó su dimisión a través de una carta en la que dejó su cargo “a disposición”, en medio de diferencias con el actual equipo económico por la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Detrás de la salida de Lavagna aparece una disputa clave: el debut de una nueva metodología para medir la inflación que el INDEC tenía previsto poner en marcha y que finalmente el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió postergar. El argumento oficial fue que no resultaba conveniente modificar el índice en pleno proceso de desaceleración inflacionaria.
En diálogo con La Marca de la Almohada, la economista Natalia Pérez Barrera, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), explicó que el IPC actual se calcula con una canasta de consumo que data de 2004, lo que implica que no refleja los hábitos reales de los hogares argentinos. “Hace más de 20 años que no se actualiza la canasta. Hoy los hogares consumen otros bienes y servicios que tienen mucho más peso, como Internet, educación privada, alquileres y servicios públicos”, señaló.
Según detalló, el índice mide la evolución de precios de una canasta con ponderaciones fijas que ya no representan el gasto promedio de las familias. Esto provoca que rubros que más aumentaron en el último tiempo, especialmente tras la quita de subsidios, tengan un impacto menor en el cálculo de la inflación. “Por eso la gente siente que el índice no refleja lo que vive cotidianamente”, sostuvo.
Desde el MATE elaboran un índice alternativo basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, que arroja resultados muy distintos. “En el período del gobierno de Javier Milei, nuestra medición da más de 12 puntos porcentuales por encima de la inflación oficial”, afirmó Pérez Barrera. En ese sentido, consideró que la postergación del nuevo IPC responde a que una actualización metodológica mostraría una inflación más elevada y pondría en cuestión uno de los principales logros que exhibe el Gobierno.
Respecto al argumento de Luis Caputo, quien planteó que el cambio debería hacerse cuando la inflación llegue a niveles cercanos a cero, la economista fue tajante: “No tiene sentido técnico. Las recomendaciones internacionales apuntan a actualizar periódicamente las metodologías para reflejar los cambios en los patrones de consumo. Lo contrario es usar un dato que no representa la realidad”.
La discusión no se limita al IPC. Pérez Barrera advirtió que otra medición sensible que requiere actualización es la de pobreza, ya que también se basa en canastas alimentarias y no alimentarias que quedaron desfasadas en el tiempo. “Son dos indicadores clave para entender cómo viven los hogares y cómo evolucionan sus condiciones de vida”, remarcó.
Tras la salida de Marcos Lavagna, el Gobierno confirmó que Pedro Lines será el nuevo titular del INDEC y ratificó que la aplicación del nuevo índice de precios quedará postergada. Mientras tanto, la controversia vuelve a poner en el centro del debate la credibilidad de las estadísticas oficiales y el impacto real de la inflación en el bolsillo de la población.