El diputado socialista cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno en sesiones extraordinarias, advirtió sobre su impacto en jubilaciones, salud y recursos provinciales, y sostuvo que no existe hoy una mayoría consolidada para aprobarlo. También se refirió al debate por el régimen penal juvenil

El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón (Partido Socialista–Unidos) expresó críticas a la reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar durante el período de sesiones extraordinarias y advirtió que se trata de una iniciativa “nociva” que no resuelve los problemas del mercado de trabajo y genera un fuerte impacto negativo sobre las provincias, el sistema previsional y la salud.

En diálogo con La Marca de la Almohada, Paulón señaló que el oficialismo “corre contra el tiempo” para avanzar con proyectos de alta complejidad como la reforma laboral, la modificación del régimen penal juvenil y la ley de glaciares. “Son debates muy densos y recién esta semana se están constituyendo las comisiones. El ritmo va a ser intenso y conflictivo”, anticipó.

Sobre la reforma laboral, el legislador sostuvo que el texto enviado por el Ejecutivo no cumple ninguno de los objetivos que enuncia. “Si el objetivo fuera generar más empleo, formalizar trabajadores o mejorar el empleo registrado, el proyecto no aporta herramientas para eso”, afirmó. En ese sentido, recordó que las medidas de blanqueo laboral ya incluidas en la Ley Bases tuvieron un impacto “insignificante”, con apenas 16.000 empleos registrados sobre un universo de millones de trabajadores informales.

Paulón también cuestionó la ausencia de propuestas para regular el trabajo en plataformas digitales, un sector que involucra a unas 500.000 personas en el país. “Lo único que hace la ley es cristalizar la situación actual, negando la relación laboral y trasladando las responsabilidades al trabajador”, explicó.

Uno de los puntos más críticos, según el diputado, es el financiamiento del proyecto. Advirtió que los beneficios impositivos para grandes empresas implicarán una pérdida de recursos coparticipables para las provincias, y que el llamado fondo de cese laboral se financiaría con recursos de la Anses. “Estamos hablando de transferir alrededor de 4.000 millones de dólares que hoy sostienen jubilaciones hacia el mercado de capitales”, señaló, y alertó que esto se da en un contexto en el que los jubilados ya perdieron cerca del 11% de su poder adquisitivo durante 2025.

A eso se suma, indicó, el impacto sobre el sistema de salud: la reducción de aportes patronales recortaría cerca del 15% de los recursos que reciben obras sociales y prepagas. “Eso va a derivar en más copagos, menos cobertura y una segmentación aún mayor entre quienes tienen salarios altos y quienes no”, afirmó.

En relación al escenario político, Paulón remarcó que dentro del bloque Unidos existe autonomía para definir las posiciones legislativas. “No hay llamados ni órdenes desde los gobiernos provinciales. Representamos a la ciudadanía y al programa del Partido Socialista”, aseguró. También subrayó que la movilización social será clave para frenar la iniciativa: “Hoy no hay entusiasmo por esta reforma, ni siquiera entre pymes o sectores productivos. La presión en la calle puede volver a torcer voluntades, como ya pasó con el presupuesto”.

Régimen penal juvenil

Paulón también se refirió al debate sobre el régimen penal juvenil, incluido por el Gobierno en extraordinarias tras casos resonantes. Si bien consideró que se trata de una deuda de la democracia, cuestionó el enfoque oficial. “El Gobierno lo plantea erróneamente como una baja de la edad de imputabilidad, cuando lo que debería discutirse es un régimen penal juvenil diferenciado, con estándares internacionales, presupuesto y una mirada puesta en la reinserción social”, explicó.

Recordó que en 2024 se trabajó durante meses en un proyecto consensuado que establece los 14 años como edad de inicio del tratamiento penal, con justicia restaurativa, instituciones específicas y equipos interdisciplinarios. “No se trata de punitivismo ni de condenar a los jóvenes a una vida de exclusión, sino de garantizar derechos, reparación a las víctimas y una verdadera segunda oportunidad”, concluyó.