El abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, Pablo Cerra, advirtió sobre la falta de interlocutores en la firma de cosechadoras, una deuda salarial que alcanza los 8 millones de pesos por trabajador y la posibilidad inminente de medidas de fuerza judiciales y gremiales en diálogo con “La Marca de la Almohada”.

La situación de la emblemática fábrica de cosechadoras Vassalli, ubicada en Firmat, atraviesa un momento crítico que el abogado de la UOM, Pablo Cerra, califica como “catastrófico” en diálogo con “La Marca de la Almohada” de Radio UNR.

Actualmente, los 280 trabajadores de la firma padecen una deuda salarial que oscila entre los 6 y 8 millones de pesos por persona, en un contexto donde la falta de pago impide cubrir las necesidades básicas de alimentación.

Según Cerra, existe una “desolación total” debido a que la empresa prácticamente ha desaparecido del contacto presencial, limitándose a emitir comunicados vía mail y negándose a atender incluso los llamados de los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia.

MALA GESTIÓN EMPRESARIAL. Respecto a las causas del conflicto, el asesor legal señaló que la gestión empresarial ha sido “muy mala” y sugirió que se estudiará si existió una actitud dolosa en la administración de la planta. Ante las versiones que circulaban sobre una posible venta de la fábrica, Cerra fue tajante al calificarlas de “humo verde”, desestimando las expectativas generadas por la patronal y confirmando que el propio Ministro de Trabajo de Santa Fe ve el proceso como algo muy inmaduro.

Como respuesta ante la urgencia, el gremio planea iniciar en febrero medidas judiciales de “pronto pago” para intentar recuperar parte de los salarios adeudados.

FUTURO INCIERTO. El futuro de la planta es incierto y no se descarta la toma de la fábrica como medida de fuerza, una alternativa que los trabajadores analizan en asamblea ante el incumplimiento de las obligaciones de la patronal. Esta crisis no es aislada, sino que se enmarca en un panorama industrial alarmante en el sur santafesino, con registros de 4.000 trabajadores suspendidos en diversas empresas del sector metalúrgico. En este sentido, Cerra vinculó la situación local con el debate nacional sobre la reforma laboral, advirtiendo que la flexibilización no es la solución, sino que representa un “aniquilamiento del derecho laboral” que históricamente no ha generado empleo.